Redacción
Durante su Asamblea General, la Agrupación Farmacéutica de la Unión Europea (PGEU), celebrada en Bruselas (Bélgica), ha aprobado un posicionamiento en el que solicita que se reconozca a las farmacias comunitarias como infraestructuras sanitarias esenciales que contribuyen a la cohesión territorial. Este documento aleta de que la atención sanitaria en Europa se está reduciendo en muchas zonas por la falta de personal y el cierre de servicios locales.
En este contexto, las farmacias comunitarias están garantizando el acceso a los medicamentos y asistencia sanitaria en zonas desatendidas y, por lo tanto, su sostenibilidad es una prioridad de salud pública pero también una cuestión de cohesión territorial. En todos los casos, las soluciones digitales deben reforzar esta labor y no sustituir la atención presencial que ofrecen los farmacéuticos adaptada a las necesidades específicas de sus comunidades.
La PGEU reclama integrar las farmacias comunitarias en la atención primaria, la preparación ante emergencias y las políticas europeas de cohesión y financiación
El posicionamiento cita entre sus fuentes el estudio ‘La aportación de valor del modelo de farmacia español a la cohesión territorial y al reto demográfico’ publicado por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF) y elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) en 2023, que concluyó que la farmacia rural es un activo sanitario que contribuye a fijar población y favorece el empleo. Así, los datos reflejaron que las farmacias rurales producen en estos núcleos un impacto económico de 1.600 millones de euros anuales y aportan 23.600 empleos a jornada completa. Además, por cada euro que generan, el conjunto de la economía se beneficia en 4,30 euros, y por cada empleo crean otros 3,26.
Por todo ello, desde PGEU instan a los responsables políticos de Europa a proteger y reconocer a las farmacias comunitarias como infraestructura sanitaria esencial, introducir mecanismos de apoyo, integrarlas en la atención primaria y preparación ante emergencias, promover una sanidad digital que preserve a la asistencia presencial a los pacientes e incorporar a estos establecimientos sanitarios en las políticas de políticas de cohesión y financiación.
Por otro lado, Rita de la Plaza, tesorera del CGCOF, ha participado en la asamblea para presentar el Programa Farmacia Comunitaria Rural, que se está llevando a cabo en municipios de menos de 1.000 habitantes de La Rioja. La finalidad de este proyecto es la implantación de servicios farmacéuticos remunerados en farmacias rurales que permitirán mejorar la atención sanitaria, social y asistencial en estas zonas; combatir la despoblación, y fomentar la viabilidad económica las farmacias.
La farmacia rural española genera un impacto económico anual de 1.600 millones de euros y aporta 23.600 empleos a jornada completa
Los resultados de esta iniciativa han mostrado el impacto positivo de los servicios profesionales farmacéuticos en la mejora de la salud y la calidad de vida de las personas que residen en el medio rural. Así, la intervención de los farmacéuticos ha logrado mejorar un 20,9% la adherencia terapéutica y aumentar en 12,5 puntos el control de los problemas de salud de los pacientes. Resultados que han avalado la extensión del proyecto a más municipios en una segunda fase.
Coincidiendo con la celebración de la Asamblea General, la PGEU organizó ayer en el Parlamento Europeo la conferencia ‘Farmacéuticos comunitarios: el rostro humano de la salud digital’. En la primera mesa del encuentro se profundizó en el activo que representan las farmacias como infraestructuras sanitarias locales esenciales. En segundo lugar, se debatió en torno al papel de la farmacia comunitaria en el marco del Espacio Europeo de Datos Sanitarios.






