Cuando el Dr. Cristino Suárez fue nombrado el pasado mes de diciembre presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) en sustitución del doctor Miguel Chamosa, indicó que los principales objetivos de esta Sociedad que iba a presidir durante 2015 y 2016, iban a ser el “fomentar la difusión y el mejor conocimiento de la cirugía plástica como especialidad médica, potenciar su presencia en la universidad y contribuir a la aprobación de una ley que, en beneficio de la seguridad de los pacientes, establezca claramente que los únicos profesionales capacitados para ejercerla son los cirujanos plásticos, tal y como se ha hecho en otros países europeos”.
Hablaba por entonces el Dr. Suárez de la “aprobación de una ley”, y es que en efecto, la inexistencia de una ley que regule la especialidad hace que unos 9.000 médicos realicen intervenciones de estética sin la titulación adecuada para ello, con el consiguiente riesgo para los pacientes, según ha informado la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE), con motivo de la celebración de su 50 Congreso que se está celebrando en Toledo desde este miércoles hasta hoy viernes con la asistencia de 250 profesionales.
Asimismo, en ese primer día del 50 Congreso de la SECPRE, la organización pidió una solución a la “inseguridad jurídica” existente en torno a la aplicación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a la cirugía plástica, sobre todo desde que en 2012 subió del 8 al 21%.
En este sentido indican que la inseguridad jurídica en torno al IVA se debe a la inexistencia de unos criterios claros y unificados a nivel nacional sobre su aplicación, ya que la normativa europea, una Directiva que data del año 2006, declara exentos del pago del impuesto todos los procedimientos médicos o quirúrgicos cuya finalidad sea terapéutica, es decir, esté destinada a diagnosticar, tratar o prevenir una enfermedad.
Aquí surge la polémica, y es que en cirugía plástica, junto a unas cuantas intervenciones, como las infiltraciones de bótox o ácido hialurónico, que tienen “claramente” un objetivo sólo estético, hay una “gran mayoría” cuya finalidad es “susceptible de interpretación”, por eso, como explicó el presidente de la SECPRE, en una de sus intervenciones en el primer día del Congreso, “todas las intervenciones de cirugía plástica en su variante reconstructiva o reparadora están encaminadas a la solución de un problema de salud […] En su variante estética, la cirugía plástica tiene un componente psicológico que no hay que olvidar y que, si está acreditado por un profesional sanitario, sea un psiquiatra, un traumatólogo o el mismo cirujano plástico, otorga a la intervención un objetivo también terapéutico”.
Este componente psicológico es reconocido por una reciente sentencia del Tribunal de Justifica de la Unión Europea (UE), el llamado ‘caso Skatteverket’ de 2013 que, como recordó Suárez, dictaminó que debe eximirse del IVA a las operaciones de cirugía estética si suponen una asistencia sanitaria con finalidad terapéutica, dejando la decisión al respecto más al criterio de los profesionales sanitarios que al de las autoridades tributarias.
Desde la SECPRE se ha denunciado que actualmente la falta de criterios homogéneos en la puesta en práctica de la legislación europea provoca que, en la mayoría de las ocasiones, la interpretación sobre la finalidad de una intervención de cirugía plástica sea responsabilidad de los inspectores de hacienda. En este sentido, considera que “en consecuencia, una misma operación puede ser gravada con IVA en una comunidad autónoma y quedar exenta del mismo en otra, afectando a la equidad en el acceso a los tratamientos de todos los españoles”.
Además, informó que ha presentado una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda para que aclare tanto los criterios de aplicación del IVA a las intervenciones de cirugía plástica como la documentación o justificantes con los que debería acreditarse la existencia de trastornos físicos o psicológicos y su gravedad. También está estudiando acciones conjuntas con sociedades científicas de otros estados miembros de la UE en los que existe una misma indefinición sobre este tema.
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