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Francisco Igea (C’s): España necesita un modelo de fijación de precios que no dependa de la política

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..Juan Pablo Ramírez.
..Cristina Cebrián (fotografía y vídeo).
El debate sanitario se divide hoy en multitud de frentes. La tramitación del proyecto de ley sobre universalidad se encuentra en curso, mientras que el de la eutanasia se acaba de desbloquear. El acuerdo entre el Gobierno y Podemos ha recuperado la protección del sistema pública frente a las privatizaciones. Existen más cuestiones en el tintero como la fijación de precios de los medicamentos y de las innovaciones, la recuperación del Fondo de Cohesión, la eliminación del copago farmacéutico, la lucha contra las pseudociencias… Todas estas cuestiones las aborda el portavoz de Sanidad Ciudadanos en el Congreso de los Diputados en esta entervista con iSanidad. Lo mejor de la Sanidad.

La ministra María Luisa Carcedo compareció por primera vez en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados la semana pasada, ¿qué impresión obtuvo?
Fue una comparecencia dura y la impresión fue preocupante. El problema no es ya que hayamos de ministra (yo llevo tres años en política y ya han pasado cuatro ministros), el problema es que no parece claro que se tenga claro qué hay que hacer. Nosotros hicimos preguntas concretas. No sabemos si se va a eliminar la ley 15/1997, no sabemos el modelo de innovación farmacéutica, la fijación de precio, la cartera de prestaciones, de relación con los profesionales… Fue la inconcreción absoluta y un ejercicio de pura propaganda. Al sistema le sobra propaganda y le falta un poco de reflexión sobre el futuro de un sistema que tiene que ser público, financiado con impuestos, que tiene muchos problemas de sostenibilidad, así como de calidad, de fuga de profesionales de fuga de pacientes. No vimos ideas claras y tenemos la sensación de que se va a remolque de los acontecimientos y además arrastrado por unos socios, cuyo proyecto es muy preocupante para el Sistema Nacional de Salud.

La actual ministra ha insistido en la universalidad con la tramitación del proyecto de ley, ¿es la medida más urgente que requiere el sistema?
Para fijar la importancia de la universalidad, nosotros siempre dijimos, y en eso estamos de acuerdo con el Gobierno, que la sanidad tiene que ser un derecho de ciudadanía y no un derecho de aseguramiento. Pero se ha hecho un discurso dramático y se ha pasado de frenada. ¿Era tan importante y necesaria esta medida que ni siquiera tiene cálculo de impacto presupuestario? Ya se estaba haciendo, se estaba atendiendo a más del 90% de los casos. Es verdad que hubo un problema de inicio, pero también es cierto que todas las comunidades autónomas habían regulado ya para prestar la asistencia. Si la sanidad es un derecho de ciudadanía, hay que regular cómo hacerse ciudadano español. Creemos que la gente tiene que estar asistida en todas sus enfermedades independientemente de su condición. Nadie se debería morir en España en la puerta de un hospital o porque no tiene acceso a un médico. Pero el Sistema Nacional de Salud cuenta con una cartera de prestaciones muy amplia y en ningún se es tan generoso como en España. En el discurso que hicimos en el Parlamento analizamos la situación de los 28 países de la Unión Europea. España ha sido, es y va a seguir siendo el país más generoso de Europa. Pero quizás este no era el problema más urgente y, sobre todo, si vamos a poner sostener esto a largo plazo y cómo lo vamos a sostener.

La universalidad ha quedado todo en la indefinición absoluta, no se han fijado los criterios para acceder, cuál es el tiempo, el padrón, qué documentos tiene que exigir cada comunidad

El problema es que no nos hemos detenido aquí y el acuerdo de presupuestos de este año hemos eliminado los requisitos que tienen que fijar las comunidades autónomas para la universalidad y va a ser gratuito desde el primer segundo. Ha quedado todo en la indefinición absoluta, no se han fijado los criterios para acceder, cuál es el tiempo, el padrón, qué documentos tiene que exigir cada comunidad… No se puede improvisar y, sobre todo, emitir un mensaje que deja en la oscuridad legal a las comunidades autónomas. Vamos a intentar introducir en la tramitación de la ley con requisitos uniformes, que sea el Gobierno el que fije esos requisitos, qué documentación y vamos a intentar tener la misma cartera de prestaciones. Cuando se dice que la asistencia va a ser igual, ¿igual a quién? En España hay 17 carteras de prestaciones. Creemos que lo primero que hay que hacer es asegurar una homogeneidad en la cartera de prestaciones a todos los ciudadanos. La sensación es de improvisación y de propaganda, más que de una política sensata y de futuro. Ser sensato no es ser insolidario y no atender las necesidades de la gente.

En cuanto a la cartera de servicios, ¿hay interés del Gobierno y de las comunidades autónomas por volver a la situación previa al RD16/2012?
Lo vamos a ver en cuestión de semanas. Tenemos claro que debemos ir a un sistema de cartera único, que las prestaciones sean iguales para todos los españoles independientemente de su comunidad de residencia. Veremos si el Gobierno apoya esta medida o no. Hemos puesto una enmienda en este sentido en la ley de universalidad y veremos si se acepta o no. Teniendo en cuenta que este Gobierno depende para aprobar sus presupuestos de los partidos nacionalistas y que estos han hecho bandera de la diferencia en la cartera de prestaciones, lo vemos poco probable, pero el PSOE verá si quiere mantener una tradición de los partidos de izquierdas en este país en la lucha por la igualdad o si se venden a los partidos más conservadores y más reaccionarios, que defiende el supremacismo de las comunidades teóricamente históricas frente a los que defendemos la igualdad de los españoles.

En cuanto al copago que es otro de los puntos que se abordó en la Comisión de Sanidad, ¿se debe eliminar o establecer nuevas franjas?
No sabemos el modelo. El PSOE a veces se levanta con Podemos diciendo que va a eliminar el copago y otras veces se va a quitar a los más vulnerables. Nosotros hemos dicho desde el principio que había que topar el copago a los más vulnerables, que teníamos que centrarnos en resolver el problema del copago en aquellas tarjetas que acumulan problemas de adherencia, que son las tipo 3, las de personas con bajos ingresos. Lo hemos dicho tres veces y tres veces nos han dicho que no. Parece que esto es lo que quieren hacer ahora. No está mal que aprendan alguna cosa, pero no los topan, los elimina. El copago no es un sistema de financiar el Sistema Nacional de Salud, es una manera moderar el consumo.

La ministra hizo unas declaraciones sorprendentes cuando dijo que España era el país con más copagos de Europa. Este país es el que menos tiene de Europa. No hay copago asistencial, ni por visitas, ni por hospitalización… Nosotros hemos propuesto toparlos para que no haya problemas de adherencia pero mantengamos el sistema de moderación de gasto en farmacia. Esto funciona en todos los países. Todo para todo el mundo, gratis, sin ninguna restricción en sanidad es difícilmente sostenible. Esto no solo digo yo. Lo dice Julián García Vargas, ex ministro socialista; lo dice José Martínez Olmos, ex secretario de Estado socialista… Es una verdad comprobada y no es un capricho del Ibex.

El copago no es un sistema de financiar el Sistema Nacional de Salud, es una manera moderar el consumo

¿Deberían establecerse nuevas franjas en las rentas de entre 19.000 y 100.000 euros?
Creemos que el copago nunca debe ir en relación con la actividad, sino en relación a la capacidad, a los ingresos, si es una enfermedad crónica, a la efectividad de los tratamientos, situación familiar… Eso es lo que debe marcar los diferentes topes de los copagos, que nunca deben ser un problema que genere una barrera a la adherencia. De ahí al todo gratis para todo el mundo en cualquier situación hay un salto.

Todos estos puntos se trataban en el acuerdo entre el Gobierno y Podemos, pero hay otro punto que es el de las privatizaciones, ¿tiene sentido esta protección del sistema público contra las privatizaciones?
Siempre me refiero a las mismas frases que defendieron la ley 15/97, que votó el propio PSOE. Según esta normativa, público es lo que se financia con impuestos. Existe un discurso demagógico permanente sobre la supuesta privatización de un sistema que tiene prestaciones gestionadas por conciertos o por empresas sin ánimo de lucro: diálisis, el 90% de la asistencia al daño cerebral en España, las ambulancias… Todo eso se presta desde empresas ajenas que no están bajo gestión directa, ¿eso no es público? Si un paciente se monta en una ambulancia y no paga, eso es público. Lo que se ha hecho durante estos años es muchísima demagogia. O conseguimos eliminar la demagogia del debate sanitario o no vamos a tener un sistema sostenible. ¿qué le importa a la gente? Que el sistema sea de calidad, con indicadores y con un portal de transparencia que nos permita conocer el funcionamiento de cada servicio. Si los ciudadanos tienen garantizados que los servicios van a ser garantizados en calidad, que el objeto de la política sanitaria es la búsqueda de la excelencia, a la gente le importa poco quién le presta los servicios, siempre y cuando no tenga que pagar por ellos más de lo que ya paga con impuestos. Creemos que el debate de la privatización es muy demagógico. ¿Somos partidarios de la gestión directa como forma esencial de gestionar el SNS? Sí. ¿Creemos que la gestión directa tiene problemas? Muchísimos.

O conseguimos eliminar la demagogia del debate sanitario o no vamos a tener un sistema sostenible

Mantener un sistema de gestión que sabemos que nos ha dado problemas de control de calidad, de fuga de profesionales, de falta de incentivación, de listas de espera de más de 170 días… Negar todos los problemas del sistema y reducirlo todo a lo que dicen el PP y el PSOE de que tenemos el mejor sistema de trasplantes del mundo. Sí, pero tendremos que hacer algo más. Igual tendremos que aprender de la ONT, que es una organización centralizada, nacional, con indicadores de calidad, con incentivos… ¿Por qué eso que es tan bueno y de lo que presumes tanto no lo trasladas al resto? Pongamos incentivos, pongamos control de calidad…

Sorprende que en el acuerdo no se habla de la recuperación del Fondo de Cohesión, ¿es necesario recuperarlo?
Hemos propuesto la recuperación del Fondo de Cohesión en sanidad porque creemos que la financiación de los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) había dado problemas de disminución de las derivaciones. Hasta donde tenemos los datos, porque no son transparentes, no parecen indicar esto. Es decir, que el número de derivaciones a los CSUR no ha disminuido durante estos años que no ha habido Fondo de Cohesión. Se ha financiado a través del FOGA. Pero sí que es verdad que todas las asociaciones, básicamente FEDER, se quejan de la dificultad de las derivaciones a los CSUR. Pensamos que esto tiene que acabar y una de las maneras de solucionarlo es volver a dotar al Fondo de Cohesión de una cantidad suficiente. No es la única manera. Hay otras maneras de hacerlo y nosotros vamos a apostar, entre otras cosas, por incrementar la movilidad dentro del sistema y la libertad de elección.

vamos a apostar, entre otras cosas, por incrementar la movilidad dentro del sistema y la libertad de elección

Hablaba hace un momento de sostenibilidad, la Unión Europea acaba de aprobar las CART y vienen otros tratamientos de alto coste, ¿qué podemos hacer para los pacientes puedan beneficiar de estas terapias?
Es uno de los problemas esenciales del SNS que tampoco se habló el otro día en la Comisión. España necesita un modelo de fijación de precios, de control de calidad y establecimiento de una cartera de prestaciones que no dependa de la política. No puede ser que lleguemos a unas elecciones y seis meses antes se empiece una campaña como la de la hepatitis C, en la cual unos señores te apuntan con una pistola en la cabeza a seis meses de las elecciones. Al igual que los países avanzados, España debe tener un sistema de fijación precios independientemente de la política que tenga claro cuáles son los criterios de admisión de nuevas carteras de prestaciones, de indicaciones y que esto dependa de una agencia nacional que sea independiente, que no dependa de la libre designación, ni del Ministerio directamente. 

Por decirlo de alguna manera, una especie de NICE. Si no tenemos eso iremos a rastras una vez tras otra de los acontecimientos. Necesitamos quitarle presión a la decisión política y profesionalizar la toma de decisiones, porque vienen tratamientos como los que vienen y nos podemos ver en medio de otra crisis en breve como la del virus C. Nosotros lo dijimos. Cuando uno sale y presume de que ha gastado 1.700 millones de euros, que ha invertido más que ningún país de Europa y del mundo, tiene que plantearse si todos los demás son idiotas. ¿Es necesario tener nuevos tratamientos? Claro que sí. ¿Es necesario pagar bien el valor de innovaciones disruptivas? Sí. No nos hemos planteado que igual los otros no son tan tontos y que han esperado a que baje el precio y solo han tratado a los que era necesario con orden y sin presión política.

Como especialista en patología digestiva, ¿cuáles son las dificultades que plantea la introducción del cribado en hepatitis C?
Es un problema de coste-oportunidad como todo en medicina. Los recursos del sistema son limitados. La hepatitis C es una enfermedad que a raíz de la campaña que se ha hecho de tratamiento, la mayoría de los enfermos sintomáticos están tratados y curados. ¿Cuál es el coste de buscar estos enfermos?¿Cuál es el pronóstico de estos enfermos que están asintomáticos? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuántos españoles mueren al año de cáncer de colon en España? En torno a unos 15.000 o 16.000. ¿Cuántas personas mueren de cirroris hepática por el virus C? No llegaba a 2.000. Siempre lo digo y suena un poco crudo. ¿Por qué tienen más derecho a la vida unos que otros? ¿Cuánto nos cuenta implantar un programa de secreening de cáncer de colorrectal que estaba hace dos años al 19% o al 20%? ¿Cuántas vidas se salvan? Porque estas son las decisiones que toma un ministro de Sanidad o una organización sanitaria. ¿Qué recursos tengo y cómo los puedo emplear para disminuir el daño lo más posible? Es el trabajo del Ministerio de Sanidad. A veces parece que su trabajo es ganar las próximas elecciones.

Un político debe intentar ganar las elecciones pero en España parece que este es el único objetivo que se ha barajado desde hace 20 años

Un político debe intentar ganar las elecciones pero en España parece que este es el único objetivo que se ha barajado desde hace 20 años, desde que no tenemos un Ministerio de Sanidad con continuidad. Creemos que el ‘screening’ poblacional tiene que ser visto por especialistas en salud pública, en economía de la salud… Debemos valorar ese impacto sobre la salud, sobre la morbilidad y sobre la mortalidad. Porque una enfermedad que tiende a la autoextinción, los estudios de prevalencia se han quedado en la mitad de lo que pensábamos que era, podemos acelerar su desaparición, pero tenemos que ver si todos los recursos que vamos a dedicar vale la pena gastarlos o no, porque tenemos unas necesidades más urgentes. En España hay pacientes con patologías sin atender. Tenemos 50.000 españoles que mueren con dolor, sin cuidados paliativos, en su casa… Esto también hay que atenderlo. En medicina es importante entender el coste oportunidad de cada decisión. Para eso hacen falta profesionales y una visión más a largo plazo.

Se están enfrentando la ley de cuidados paliativos y la de eutanasia, ¿cuáles deberían ser las líneas generales de una ley de cuidados paliativos?
No es que estén en choque, sino que deben ir sucesivamente. No podemos entrar en un debate sobre una ley de eutanasia, si no tenemos definido qué derechos tienen los enfermos con enfermedades terminales o con enfermedades progresivas e irreversibles. Debemos plantear si tienen derecho a una sedación, si va a haber un sistema de sanciones que nos asegure que la ley se cumple… tenemos varias normas autonómicas y si vemos el informe del defensor del pueblo andaluz el grado de cumplimiento es bochornoso. Sigue muriéndose gente con dolor. Una vez que tengamos claros los derechos de los españoles al final de la vida, cuando pueden renunciar a tratamiento, a medidas de soporte vital, cuando pueden exigir la sedación o los cuidados domiciliarios. Cuando tengamos eso, deberemos analizar lo que nos queda, qué es otro debate. Si mezclo en la eutanasia la utilización de la sedación terminal en paciente oncológicos con enfermedad avanzada estoy organizando un carajal, con perdón. Le estoy diciendo a los profesionales que esto que hacen ellos, que es un deber ético, se ha convertido en eutanasia. Entonces tiene que ir a un tribunal. Primero sepamos cuáles son los derechos de los pacientes en esta etapa final de la vida y luego ir al otro debate, si mezclamos los dos debates, vamos a organizar un lío.

En medicina es importante entender el coste oportunidad de cada decisión. Para eso hacen falta profesionales y una visión más a largo plazo

El Gobierno insiste en sacar la ley y los médicos dicen que no quieren participar, ¿cómo se puede cuadrar?
Estoy convencido de que el 99% de los españoles quiere que se le asegure que va a morir sin dolor y sin sufrimiento innecesario. Eso es lo que el 90% de la gente entiende por eutanasia, muerte digna… Hay una confusión terminológica muy importante. Una vez que tengamos cubierto esto, lo otro es un debate distinto. No es un debate sanitario, sino de derechos. Nosotros estamos dispuestos a hablar de ello, pero no a mezclarlo porque generamos un perjuicio irreversible a los profesionales y a los pacientes. Tenemos que asegurar a los españoles que tienen derecho a no sufrir innecesariamente y a día de hoy ese derecho no está asegurado en decenas de miles de casos.

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