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Ribera Salud ha respondido al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, sobre sus planes para la reversión de Denia. A través de un comunicado el grupo señala que “lo que se quiera hacer, tendrá que cumplir todas las garantías legales”. Los planes del Gobierno socialista implican la ruptura unilateral del contrato que finalizará en abril de 2023. Pese a esta realidad, Ximo Puig había advertido la semana pasada que el proceso está activado y es irreversible.
Sus declaraciones se produjeron poco después que la Consejería de Sanidad Universal anunciara “el inicio de las actuaciones necesarias”. En este contexto, el departamento que dirige Ana Barceló busca “el instrumento jurídico más adecuado”, con el fin de poner en marcha “el rescate para la gestión pública directa del Departamento de Salud de Denia- La Marina”.
Ribera Salud es propietaria del 35% del accionariado de la concesionaria que gestiona el Hospital de Denia. El 65% restante pertenece a DKV. El presidente valenciano ha justificado la reversión de Denia ante las diferencias económicas con las empresas. Ximo Puig no ha podido pronosticar el coste de una operación de estas características. Ribera salud ha advertido de que la Generalitat conoce su postura desde 2016. “En la práctica no es más que otra promesa de rescate de la concesión de Dénia”, añadió.
El presidente valenciano ha justificado la reversión de Denia ante las diferencias económicas con las empresas
La Consejería ha solicitado ya diversos informes a la Dirección General de Asistencia Sanitaria, la Dirección General de la Alta Inspección, y a la Dirección General de Eficiencia y Régimen Económico. La sanidad valenciana basa su decisión en las conclusiones en la Comisión de Auditoria del Departamento de Salud de Dénia-La Marina. Este organismo señaló recientemente que “no hay evidencia científica de que este modelo (de concesión) sea más eficiente”. Asimismo, la comisión subrayó que “tampoco ofrece ni puede ofrecer equidad. Además crea una brecha insalvable entre los trabajadores del sistema sanitario público. Incide además en que “el sistema de colaboración público-privada se implantó en su día sin buscar un consenso social”.
La situación difiere de la reversión del Hospital de La Ribera, proceso que culminó hace un año. La decisión incluso se tomó en contra de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana que avaló el modelo de gestión de Ribera Salud. Hoy, con el Hopsital de Alzira ya en manos de la Consejería, el sindicato CSIF se ha mostrado especialmente crítico con el proceso. La organización sindical denunció el incumplimiento del convenio en Alzira “en materia de promoción, y movilidad interna”. El departamento impidió además “la posibilidad de jubilación parcial, así como no ampliar la jornada parcial de aquellos trabajadores que se subrogaron con una jornada inferior a la completa”.
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