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El informe del Defensor del Pueblo refleja la creciente preocupación por la situación de la atención primaria

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..Elena Santa María.
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, presentó ayer a los presidentes del Congreso y el Senado, Meritxell Batet y Manuel Cruz respectivamente, el informe de sus actuaciones durante 2018. Dicho informe revela que de las 17.697 quejas recibidas por parte de los ciudadanos, 824 están relacionadas con la sanidad. Esta cifra supone un incremento del 60% respecto al ejercicio de 2017. Además, el Defensor del Pueblo abrió 25 actuaciones de oficio relacionadas con la sanidad.

De las 17.697 quejas de los ciudadanos recibidas por el Defensor del Pueblo, 824 están relacionadas con la sanidad

En este sentido, las máximas preocupaciones de los ciudadanos son las listas de espera, la falta de profesionales y el copago farmacéutico. El Defensor del Pueblo señala en el informe que las quejas recibidas “reflejan la preocupación de los profesionales sanitarios por las condiciones en que desarrollan su trabajo”. Una preocupación que es consecuencia de la infradotación presupuestaria y de recursos humanos. Esta circunstancia, indica Fernández Marugán, se arrastra desde hace varios años. Sin embargo, “las administraciones públicas no parecen que estén ofreciendo la debida respuesta”. Entre los problemas más acuciantes, destaca la escasez de pediatras. Un problema reconocido por las administraciones de Castilla y León, Andalucía, Galicia y Madrid.

Respecto a la atención especializada la mayoría de las quejas están vinculadas a las listas de espera

Respecto a la atención especializada la mayoría de las quejas están vinculadas a las listas de espera. Y a la carencia de algunos servicios o especialidades en determinados hospitales. También aparece el desplazamiento y derivación de pacientes entre comunidades autónomas. Todos estos problemas “exigen una reacción efectiva de todos los poderes públicos”. Una reacción, afirma Fernández Marugán, “que pudiera concretarse en un acuerdo de ámbito estatal”. Aunque adaptada a las diferencias territoriales, pero que fuera una garantía de la suficiencia del sistema.

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