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Un político libanés ha sido el principal condenado en un proceso por el intento de un trasplante ilegal de hígado. El paciente, tras no lograr la conformación de compatibilidad de ninguno de sus familiares acudió al mercado ilegal.
El paciente “sabedor del prestigio de esta cirugía en nuestro país“, asegura la fiscalía de Valencia, pidió a sus familiares (dos sobrinos) que buscaran residentes que pudieran ser donantes vivos. Todos los candidatos, posibles donantes, eran personas “especialmente vulnerables tanto por su procedencia como por su penuria económica”, según la acusación pública. Les ofrecieron dinero, trabajo en Líbano y hasta 10.000 euros y un matrimonio de conveniencia.
Un padre pidió a sus sobrinos que buscasen un donante para un trasplante ilegal de hígado entre personas desfavorecidas
Tanto en el Hospital Universitario de Pamplona como en el Hospital Clínico de Barcelona detectaron irregularidades y paralizaron los procesos. Sin embargo, fue en una clínica privada de Valencia donde la policía detectó pruebas relacionadas con la posible compatibilidad de un trasplante ilegal de hígado.
Los hechos sucedieron en abril de 2013. El hijo tenía un informe del Líbano que indicaba que no era compatible porque el hígado era pequeño. Sin embargo, pruebas posteriores realizadas en España sí permitieron el trasplante que se realizó en agosto de 2013.
La legislación en España es muy explícita:
No se podrá percibir compensación alguna por la donación de órganos. Se arbitrarán los medios para que la realización de estos procedimientos no sea en ningún caso gravosa para el donante vivo ni para la familia del fallecido. En ningún caso existirá compensación económica alguna para el donante, ni se exigirá al receptor precio alguno por el órgano trasplantado.
En España sólo existe un precedente de una sentencia en octubre de 2016 de la Audiencia Provincial de Barcelona en un caso similar, según la propia Fiscalía Provincial de Valencia.
