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El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha mostrado este jueves su “preocupación” por la intención del nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos de revisar la Ley 15/1997 sobre nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS).Esta ley permite la colaboración público-privada en la sanidad. “Cuando la izquierda habla de revisar, habitualmente uno se pone, como mínimo, en alerta”, ha dicho.
Ruiz Escudero: “Cuando la izquierda habla de revisar, habitualmente uno se pone, como mínimo, en alerta”
Ruiz Escudero ha explicado que “pensando en la seguridad del paciente y en la calidad asistencial”, la Comunidad de Madrid tiene que “defender un modelo que entendemos que funciona para todos los madrileños”. Esta comunidad autónoma destinó 842 millones de euros, un 10,7% de su gasto sanitario público, a acuerdos de colaboración público-privada en 2016, según los últimos datos de la Fundación IDIS. Fue la segunda comunidad que mayor porcentaje destinó a este fin, aunque a gran distancia de Cataluña, con 2.517 millones de euros, que constituyeron casi el 25% de su gasto sanitario total.
En este sentido, el consejero señaló que los modelos de colaboración público-privada en sanidad funcionan en otras comunidades, como Cataluña y Andalucía. En cualquier caso, recordó que en el periodo de tiempo que lleva gobernando Pedro Sánchez, la revisión de la Ley que permite los conciertos con la sanidad privada “no se ha planteado en ningún momento”. “Vamos a ver los nombramientos del nuevo Gobierno. La revisión puede ser de muchas maneras”, concluyó.
“Pensando en la seguridad del paciente y en la calidad asistencial, la Comunidad de Madrid tiene que “defender un modelo que funciona”
El programa que regirá el acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones incluye entre las medidas acordadas en el ámbito de la sanidad, avanzar en el “blindaje de nuestro sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa”. Para ello, citan la revisión de la Ley 15/1997 y del conjunto de los mecanismos normativos que “abren la puerta a privatizaciones del sistema”.
Para revisar esta ley, el documento avanza que se impulsará una comisión formada por expertos en sanidad, organizaciones sindicales, profesionales, pacientes y colectivos sociales. En un plazo de seis meses, la comisión deberá analizar la situación y definir las líneas y estrategias que marcarán la revisión de la ley.
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