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Ante el avance de la segunda ola de coronavirus, el Gobierno ha decretado un nuevo estado de alarma que permite el establecimiento de un toque de queda nocturno. La medida busca restringir la movilidad desde las 23.00 hasta las 6.00 de la mañana. El objetivo es mantener esta norma hasta el próximo 9 de mayo, pero necesita antes la convalidación en el Congreso de los Diputados. Con el objetivo de convencer a todos los grupos políticos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comenzado por convocar para este lunes una Conferencia de Presidentes.
“Los expertos dicen que las razones están plenamente justificada“, ha subrayado Sánchez. El líder del Ejecutivo ha solicitado a todos los grupos parlamentarios del Congreso que den su “apoyo abrumador” a la prórroga del estado de alarma, dado que habrá rendición de cuentas continúa sobre su aplicación. De hecho, el apoyo del PP se encuentra en el aire.
Ante la segunda ola de coronavirus, el Gobierno ha decretado el estado de alarma que permite el establecimiento de un toque de queda nocturno entre las 23 y las 6.00 horas
El presidente del PP, Pablo Casado, fijará su posición este lunes. De momento, los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por los populares han lamentado que el Gobierno no haya articulado una legislación para gestionar la segunda ola sin necesidad de decretar el estado de alarma.
El Gobierno ha permitido cierta flexibilidad en el toque de queda. Las comunidades autónomas pueden adelantar o retrasar una hora cada uno de los márgenes establecidos. Aparte de que esta vez no se ha establecido un confinamiento domiciliario, una de las diferencias con el anterior será ausencia de un mando único. El presidente de cada comunidad autónoma será considerado como la autoridad máxima en cada territorio.
El nuevo decreto permite también a las comunidades autónomas limitar la entrada y salida de sus territorio. Las regiones pueden imponer el cierre perimetral del conjunto de la región o una parte de su territorio, con las excepciones habituales como asistencia a centros sanitarios, acudir a centros educativos o razones labores, entre otras. Otro aspecto es la prohibición de reuniones de más seis personas, una medida que ya había impuesto la mayoría de las autonomías.
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