La financiación pública de medicamentos debe de cumplir tres componentes para el beneficio conjunto de la sociedad. Maximizar las posibilidades de acceso de los pacientes a los fármacos más apropiados para ellos; contribuir a la eficiencia económica y a la sostenibilidad del sistema sanitario, y recompensar adecuadamente la innovación con el fin de garantizar el futuro de la I+D biomédica. Y, por último la generación de nuevo conocimiento científico. Además del desarrollo futuro de tratamientos cada vez más eficaces.
La financiación de medicamentos de cumplir tres componentes para el beneficio del con junto de la sociedad. Asegurar el acceso, contribuir a la sostenibilidad y recompensar la innovación
Pedro Luis Sánchez, director del Departamento de Estudios de Farmaindustria aseguro en el marco de la LXXXII Jornada de la Fundación para la Investigación en Salud (Fuinsa) que “La financiación de nuevos medicamentos constituye un reto regulatorio que tiene como fin principal asegurar el acceso de los pacientes a los medicamentos más adecuados para su dolencia. De modo que se garantiza el cumplimiento de los criterios de eficiencia económica y sostenibilidad. Además de reconocer de forma adecuada el esfuerzo realizado de I+D“.
A su juicio, junto a los criterios estrictamente clínicos resulta esencial que el regulador adopte “una perspectiva social amplia”. Una perspectiva que contemple además los resultados del medicamento en la calidad de vida de los pacientes, el impacto sobre los gastos individuales y sociales evitados incluidas las mejoreas en productividad laboral. Y, por último la contribución que supone para la economía en su conjunto.
La incorporación de medicamentos innovadores genera un ahorro para la sociedad
Desde el punto de vista de la eficiencia, la incorporación de medicamentos innovadores genera un ahorro para la sociedad. Una moderación entre dos y ocho veces su coste en el medio y largo plazo, tal y como reflejan los estudios. En su intervención, Sánchez puso distintos ejemplos que ilustran esta realidad. Rasgos como lo ocurrido en Reino Unido con la aplicación de la terapia antitrombótica en pacientes con fibrilación articular. Una intervención con un coste anual de 139 libras per cápita en accidentes cerebrovasculares evitados. Además, de una reducción del gasto sanitario global de 412 libras per cápita.
Todas estas mejoras en materia de productividad y reducción de gastos sanitarios y sociales, así como los efectos beneficiosos de las innovaciones a la hora de atraer nuevas inversiones en I+D. Asimismo, fortalecer nuestro tejido investigador, deben figurar en la ecuación a la hora de decidir la financiación de los nuevos medicamentos por parte del regulador.
El regulador económico debe tomar sus decisiones desde la perspectiva del conjunto de la sociedad
Sin olvidar que el regulador económico sectorial de la industria farmacéutica “debe tomar sus decisiones desde la perspectiva del conjunto de la sociedad“. Un regulador ante quien debe rendir cuentas partiendo de un criterio de independencia.
En este contexto, “sólo un regulador que adopte una perspectiva social amplia será capaz de integrar los distintos beneficios. A la hora de decidir la financiación y precio”. Para lograrlo, en opinión de Sánchez, es “crucial” realizar un análisis separado de los criterios clínicos y los criterios económicos.
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