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El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Consejo General de Protésicos Dentales contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, de 20 de diciembre de 2018, en el que solicitaban la nulidad de dicha Resolución, así como la revisión y modificación del Real Decreto 1594/1994, de 15 de julio, que regula la profesión de Odontólogo, Protésico e Higienista dental, y en especial. Según se especifica en dicho Real Decreto en sus artículos 6 y 7, los odontólogos son los únicos profesionales con competencias para la toma de las impresiones, registros bucodentales y la posterior colocación de las prótesis en el paciente.
El TS ha desestimado el recurso del Consejo General de Protésicos Dentales, “los odontólogos son los únicos que pueden realizar tratamientos sobre los pacientes”
En concreto, el Tribunal Supremo argumenta en la sentencia que el odontólogo es el único “profesional capacitado para prescribir los productos sanitarios a medida”. Por tanto, la competencia del protésico dental es “el cumplimiento de lo indicado en la prescripción, pero nada más”. Asimismo, justifica que la normativa invocada por el Consejo General de Protésicos con el fin de buscar la modificación del Real Decreto 1594/1994 no está correctamente justificada y que el citado Real Decreto se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico, sin que la administración esté obligada a revisarlas.
El TS refrenda la idoneidad de la normativa que regula las atribuciones profesionales de los odontólogos y de los protésicos dentales
Esta sentencia, supone un nuevo varapalo para el Consejo General de Protésicos Dentales. “Ha quedado demostrado, una vez más, que las atribuciones propias de los protésicos dentales contenidas en el Real Decreto 1594/1994 se ajustan plenamente al ordenamiento jurídico, según la cual se consideran fabricantes de productos sanitarios a medida sin atribución profesional alguna para tratar a los pacientes, ya que, en tal caso, incurrirían en un delito de intrusismo profesional”. Así lo ha puesto de manifiesto el Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas.
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