..Juan Pablo Ramírez. Director de iSanidad.
El fin del estado de alarma no significará una estrategia coordinada frente al coronavirus. A partir del 9 de mayo las comunidades autónomas se enfrentan a una situación parecida a la que vivieron en verano, cuando un gran número de tribunales de justicia tumbaron las medidas para restringir la movilidad. La única diferencia ahora es que contarán con el Tribunal Supremo como último recurso.
La duda es si el Tribunal Supremo respaldará un toque de queda o un confinamiento perimetral o cualquier otra medida que sirva para limitar la movilidad y la transmisión del virus cuando legisle un gobierno regional. Ya no queda tiempo para introducir cambios en la Ley de Salud Pública. No ha ayudado la campaña electoral en la Comunidad de Madrid, ni la excesiva polarización de la política. No hay espacio para la colaboración, solo para el reproche entre unos partidos que viven más pendientes de las encuestas y del CIS de Tezanos que del día a día.
El fin del estado de alarma no significará una estrategia coordinada frente al coronavirus
En este contexto, las comunidades autónomas deben acelerar en la medida de sus posibilidades. En este sentido también andan maniatadas. Por un lado porque no llegan las vacunas suficientes. Por otro, por la limitación en el uso de las vacunas de Janssen y de AstraZeneca. La mayoría de los expertos coincide a día de hoy en administrar la segunda dosis de AstraZeneca en aquellas personas menores de 60 años que hayan recibido la primera dosis. El Gobierno rechaza incluso que estas personas se puedan someter al segundo pinchazo de forma voluntaria. Carece de sentido la obcecación del Gobierno ante una tasa de efectos adversos graves tan excesivamente baja.
Parece que se abre ahora la puerta para utilizar la vacuna de Janssen en personas de entre 50 y 60 años de edad. Tampoco se entienden a día de hoy los límites a la vista de los efectos secundarios detectados. La Comisión de Salud Pública debe tomar una decisión esta semana. A día de hoy vemos un exceso de prudencia que no sustenta la evidencia científica. Si queremos llegar al 70% de la población vacunada a finales de verano parece que no queda otra vía que acabar con estos límites.