..Gema Maldonado.
El sindicato médico CESM ha pedido explicaciones la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior por la contratación de empresas de sanidad privada y profesionales autónomos en diferentes prisiones para cubrir la atención asistencial de los internos. En una carta remitida el pasado 28 de febrero al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, el sindicato advierte de que esta contratación contraviene el ordenamiento jurídico y se plantea acudir a los tribunales. Desde el sindicato lamentan que no han recibido respuesta alguna.
El sindicato médico ha pedido explicaciones a Instituciones Penitenciarias por contratar profesionales autónomos y empresas de sanidad privada para diferentes prisiones
Denuncian que Instituciones Penitenciarias recurre a la contratación de servicios médicos privados para paliar el déficit de sanitarios. “Periódicamente hacen contratos menores de estos servicios”, afirma el Dr. Pedro Antonio Martínez, responsable de médicos de sanidad penitenciaria de CESM, “buscan atajos que les salen más baratos y van contra el ordenamiento jurídico muchas veces”.
El sindicato argumenta que la asistencia sanitaria en los centros penitenciarios se tiene que prestar “con medios propios o ajenos concertados” por la Administración penitenciaria competente y las administraciones sanitarias, según la normativa penitenciaria. Además, hacen referencia al artículo 9.2 de texto refundido de la Ley del Estatuto Básico de la Función Pública.
Este artículo establece que las funciones que impliquen salvaguardar intereses generales del Estado y de las administraciones públicas pueden hacerlas “exclusivamente” funcionaros públicos. Aplicando este artículo a funciones de la sanidad penitenciaria, el sindicato enumera tareas como informes médicos para juzgados, informes sobre huelgas de hambre, situaciones de aislamiento o protocolos de suicidio. Tareas que, aseguran, un servicio médico privado contratado “no puede desempeñar”.
CESM considera que la contratación de servicios de sanidad privada en prisiones contraviene la Ley de Función Pública
“Ya hay sentencias del Tribunal Supremo, referidas a otros ámbitos de contratación para otras administraciones, pidiendo responsabilidades penales y administrativas a quienes incumplen el artículo 9.2″, advierte a iSanidad el Dr. Martínez.
El portavoz sindical asegura que, hasta la fecha, no han tenido respuesta alguna por parte de Instituciones Penitenciarias y se plantean “acudir a la Justicia si es necesario”. Además, en su carta advierten a Instituciones Penitenciarias de que “sería mejor evitar cualquier tipo de actos que posteriormente puedan ser anulados”.
“Ya hay sentencias del Tribunal Supremo pidiendo responsabilidades penales y administrativas a quienes incumplen el artículo 9.2”
Los médicos de instituciones penitenciarias llevan años quejándose de la falta de personal sanitario para cubrir las plazas disponibles en estos centros. Las ofertas públicas de empleo no consiguen atraer a los médicos a un ámbito “que está mal pagado”, señala el Dr. Martínez.
En plena pandemai, se ofertaron plazas para interinos sin título de especialista, lo que podría facilitar la cobertura de las vacantes disponibles. Hasta ese momento, para poder acceder a un puesto como médico en prisiones se pedía la especialidad de medicina de familia y comunitaria o de medicina interna. El sindicato CESM mostró su oposición frontal y recurrió esta convocatoria.
Las ofertas públicas de empleo no consiguen atraer a los médicos a un ámbito “que está mal pagado”, señala el Dr. Martínez, “buscan atajos que les salen más baratos y van contra el ordenamiento jurídico muchas veces”
Desde CESM Prisiones señalan que para garantizar una asistencia sanitaria a las personas privadas de libertad en condiciones de equidad e igualdad con el resto de la población, “es necesario” aumentar el número de sanitarios en estas instituciones y mejorar sus retribuciones hasta que se integre la sanidad penitenciaria en los servicios de salud de las comunidades autónomas “sin más atajos e irregularidades”. Actualmente solo Cataluña y País Vasco tienen transferida la sanidad de sus prisiones. Pero desde hace casi dos décadas ya se estableció esta transferencia que aún no se ha hecho realidad en 15 comunidades.
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