G.M.
La interoperabilidad de la historia clínica electrónica de los pacientes entre la sanidad pública y la privada es una reivindicación de muchos profesionales sanitarios. La conocida como Ley Ómnibus aprobada en la Comunidad de Madrid el pasado 22 de diciembre abre la puerta a que los médicos de centros sanitarios privados puedan ver el historial clínico de los pacientes que se sientan en sus consultas y que previamente han sido tratados en el Servicio Madrileño de Salud y viceversa. Para el presidente de la Clínicas y Hospitales Privados de Madrid (ACHPM), Isidro Díaz de Bustamante “es un avance” que beneficiará a más de 2,5 millones de personas.
¿Qué cambios introducidos en la Ley Ómnibus afecta a la historia clínica electrónica y cómo pueden beneficiar a médicos y pacientes?
La llamada Ley Ómnibus aprobada por la Asamblea de Madrid el pasado mes de diciembre, en su artículo 42, incluye una disposición para que la Administración sanitaria vele para que “las organizaciones sanitarias privadas se vertebren en el Sistema Sanitario de la comunidad de Madrid” por medio de diversas actuaciones, entre ellas, colaboración en el acceso a la historia clínica electrónica. De este modo, la nueva normativa, a través de una modificación de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, permite compartir la historia clínica entre entidades públicas y privadas, promoviendo la colaboración.
“La Ley Ómnibus permite compartir la historia clínica entre entidades públicas y privadas, promoviendo la colaboración”
¿Ya es posible que un médico de la sanidad privada pueda acceder a la historia clínica de un paciente que ha sido tratado previamente en la sanidad pública?
Es un paso decisivo para alcanzar la interoperabilidad entre el sistema sanitario público y privado. Poder compartir la historia clínica entre entidades es un avance importante para la Comunidad de Madrid. Con la entrada en vigor de esta norma, los pacientes van a tener la garantía de que los médicos que les traten, tanto si acuden a un centro público como a uno privado, van a tener acceso a su información clínica, lo que además de evitar duplicidades en pruebas o consultas, aporta seguridad al paciente, que sabrá que el profesional que le trate va a tener en cuenta todos sus antecedentes, con independencia de en qué hospitales o centros de salud haya sido tratado antes. Esperamos que esta medida se extienda a toda la geografía española y que pronto sea una realidad.
¿Saben cuántos pacientes en la Comunidad de Madrid tienen un seguro privado y se beneficiarán de esta medida?
La Comunidad de Madrid es la región española con un mayor porcentaje de ciudadanos titulares de seguros privados de salud (38,1%, frente a la media nacional del 24,4%). Suman 2.567.365 asegurados de prestación de servicios, un número que ha crecido más en los últimos tres años (394.924 nuevos) que en los siete anteriores (276.773 nuevos), según datos de Unespa.
“Además de evitar duplicidades en pruebas o consultas, aporta seguridad al paciente, que sabrá que el profesional que le trate va a tener en cuenta todos sus antecedentes”
Estas cifras no incluyen a aquellas personas que alguna vez han hecho uso del sistema privado de salud sin contar en la actualidad con seguro, y de los que los hospitales tienen también historial. El cambio legislativo beneficia a cualquier paciente que alguna vez haya acudido a un centro privado.
Cabe destacar, además, que, en la Comunidad de Madrid, con alrededor de siete millones de habitantes, el sector sanitario privado aporta 144.000 profesionales directos e indirectos, 55 hospitales y 20.800 camas. Además, realiza 17,6 millones de consultas de atención especializada por lo que esta ley es un gran avance.
“Hace falta voluntad política por parte de las CC. AA. para que den el paso, y tomen la decisión de compartir la historia clínica entre entidades públicas y privadas”
¿Esta interoperabilidad puede suponer un ahorro a la sanidad pública evitando duplicidad de pruebas, por ejemplo?
Sin duda. La interoperabilidad va a evitar la duplicidad de pruebas que supone un importante gasto de recursos, además de prolongar la espera de los pacientes. Poder compartir el historial médico de los pacientes ayudará a conocer a los profesionales su estado de salud. Hasta la fecha, esta falta de visibilidad suponía un riesgo para los pacientes, pues sus datos se encontraban incompletos, provocando duplicidades con el consiguiente perjuicio para su salud.
¿Qué pasos deberían darse para que esta medida que aplica la Comunidad de Madrid se extendiera al resto de España?
Hace falta voluntad política por parte de las CC. AA. para que den el paso, como se ha hecho en la Comunidad de Madrid, y tomen la decisión de compartir la historia clínica entre entidades públicas y privadas promoviendo la colaboración entre las mismas. La media nacional de ciudadanos con seguro privado en España está en torno al 24,4%. Eso significa que, si el historial compartido no se convierte en una realidad en toda España, no estamos teniendo en cuenta las necesidades de más de dos de cada 10 personas que hacen uso tanto de la sanidad pública como de la privada y a los que podemos darles un mejor servicio.
“La interoperabilidad transfronteriza puede suponer un ahorro de costes para los ciudadanos y empresas que tratan con las administraciones públicas”
¿Va con retraso España en interoperabilidad de datos sanitarios respecto al resto de Europa?
La interoperabilidad es aún una asignatura pendiente en varios países. El 1 de diciembre de 2022, la Comisión Europea adoptó la propuesta de Ley de Europa Interoperable y la Comunicación que la acompaña para reforzar la interoperabilidad transfronteriza y la cooperación en el sector público en toda la UE. Esto supone un avance para que todos los países de la Unión Europea trabajen en la interoperabilidad dentro de su país.
La interoperabilidad transfronteriza puede suponer un ahorro de costes para los ciudadanos y empresas que tratan con las administraciones públicas. Además, estamos seguros de que esta ley ayudará a la UE y a sus Estados miembros a prestar mejores servicios públicos a los ciudadanos y a las empresas y, como tal, es un paso esencial para alcanzar los objetivos digitales de Europa para 2030 y apoyar los flujos de datos de confianza.
