Redacción
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la nueva Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. La normativa persigue el acceso al aborto en todos los hospitales públicos. Con su aprobación se pone en marcha de un registro estatal de médicos objetores.
La ley ha recibido 185 votos a favor y 155 en contra. El Gobierno ha contado con el apoyo de los socios de investidura y el rechazo del PP y de Vox en una sesión en que el debate se ha centrado por momentos en la posición del PP sobre el aborto.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha señalado durante su intervención que la creación de este registro estatal de médicos objetores sea “plenamente compatible” con que la red pública sea la red de referencia para la interrupción del embarazo. La normativa busca cambiar la situación actual y que el recurso de acudir a una clínica privada sea una excepción. El texto admite la objeción de conciencia como un derecho fundamental del profesional que deberá manifestar la voluntad de objetar con carácter previo y por escrito.
Montero ha señalado que el registro estatal de médicos objetores será “plenamente compatible” con que la red pública sea la red de referencia para la interrupción del embarazo
Las comunidades autónomas y el Ingesa deben organizar estos registros. El texto incide en que aquellos profesionales que se declaren objetores no podrán practicar abortos ni en la sanidad pública ni en la privada. El próximo paso correspone ahora al Consejo Interterritorial, según la normativa. “Se acordará un
protocolo específico que incluya las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de los objetivos perseguidos con la creación de este Registro, junto a la salvaguarda de la protección de datos de carácter personal”, reza el texto
Con el fin de facilitar el acceso aquellas mujeres que vivan en una población limítrofe entre dos comunidades autónomas podrán escoger el hospital más crecano a su domicilio. La normativa incorpora también que el aborto sea realizado como procedimiento de urgencia y que el hospital esté capacitado para realizar interrupciones del embarazo tanto quirúrgicas como farmacológicos.
El texto recupera la posibilidad de que las mujeres de entre 16 y 18 años y con discapacidad puedan interrumpir el embarazo sin necesidad del consentimiento de sus padres o tutores legales. El nuevo texto elimina además el periodo de tres días de reflexión y la información obligatoria que se entregaba a las mujeres.
