Redacción
El adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras los resultados en las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28-M ha provocado que más de 60 leyes (25 procedentes de decretos-ley en vigor, ocho aprobadas por el Gobierno y cerca de 30 impulsadas por los grupos parlamentarios) que estaban en trámite queden sin aprobarse tras la disolución de las Cortes. En concreto, en el apartado sanitario, la Ley de salud mental y la Ley de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) son dos de los principales ejemplos.
La Ley de salud mental, presentada a iniciativa de Unidas Podemos y que llevaba más de un año y medio en el Congreso, no podrá ver la luz en lo que queda de legislatura. Entre las novedades de esta normativa estaba la implantación de una ratio mínima de 18 psiquiatras, 18 psicólogos clínicos y 23 enfermeros especialistas en salud mental por cada 100.000 habitantes en un máximo de cuatro años. Igualmente, se recogían programas de formación especializada para la prevención del suicidio para el personal sanitario.
Más de 60 leyes que estaban en trámite queden sin aprobarse tras la disolución de las Cortes, varias en el apartado sanitario como la Ley de salud mental, ELA, equidad, Estatuto Marco o la Agencia de Salud Pública
Lo mismo sucede con la Ley ELA, que implicaba una atención preferente a los pacientes y servicio domiciliario con acceso a fisioterapia y atención especializada. Jordi Sabaté, activista con ELA, escribió un duro mensaje a Pedro Sánchez en su cuenta de Twitter tras conocerse el adelanto de las elecciones generales y que la Ley ELA, propuesta por Ciudadanos, quedará sin aprobarse. “Mañana se disuelven las Cortes y se eliminan todas las leyes que no se han puesto en vigor en tu legislatura. La Ley ELA queda eliminada. 4 años de trabajo, sudor y lágrimas de toda la comunidad ELA a la basura. Estoy llorando. Ni olvido ni perdón”, lamentó.
La reforma de la ley del Estatuto Marco, el proyecto de ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública o el proyecto de Ley de equidad para blindar el acceso a la sanidad pública e impedir nuevos copagos también quedarán a la espera del nuevo Gobierno que surja de las urnas el próximo 23 de julio. A finales de abril los sindicatos CSIF, CCOO y UGT se levantaron de la mesa de negociación del Estatuto Marco ante la «falta de avances» desde el Ministerio de Sanidad, que no contemplaba la jubilación anticipada ni la jornada de 35 horas.
La ley para el derecho al olvido oncológico, cuya aprobación estaba prevista en junio, también se ve paralizada
Otra de las leyes que se ve paralizada es la del derecho al olvido oncológico, cuya aprobación estaba prevista para el 6 de junio. Su objetivo era que las personas que hayan superado el cáncer hace más de cinco años no tuviesen problemas con las entidades financieras a la hora de solicitar una hipoteca o un seguro. Según un estudio de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (Fepnc), el 41% de los supervivientes de cáncer infantil que intentaron contratar un seguro de salud o de vida fueron rechazados por las aseguradoras. “Paralizar la ley del derecho al olvido oncológico supone seguir dando rienda suelta a la discriminación que viven a diario los supervivientes de cáncer”, señala Pilar Flores, gerente de la Fepnc.
Respecto a la especialidad de urgencias, Sanidad informó a principios de mayo que se encontraba en el trámite final tras emitirse el informe del Ministerio de Universidades y a la espera de los informes del Consejo General de Colegios de Médicos y del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud. No se espera que cambie el respaldo que tiene esta especialidad, pero habrá que esperar para comprobar si ya es una realidad en 2024.
