Redacción
Si se controlase de manera adecuada la anticoagulación, el Sistema Nacional de Salud se podría ahorrar hasta 150 millones de euros anuales. Así lo ha expresado este jueves Inmaculada Mediavilla, presidenta de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA), en el Congreso de los Diputados durante los ‘Diálogos sobre anticoagulación’.
Lograrlo evitaría problemas de salud más graves como el ictus, ha asegurado. “Los anticoagulantes actúan como terapia preventiva para evitar la formación de trombos y que no se diseminen y lleguen al cerebro provocando un ictus, la complicación más común”, ha señalado Mediavilla.
Hay que tener en cuenta que un millón de personas en nuestro país necesita de tratamiento con anticoagulantes orales. Pero muchas no tienen un seguimiento adecuado, lo que podría desembocar en diferentes complicaciones clínicas.
Otras causas comunes que requieren de tratamiento con anticoagulantes se encuentran la fibrilación auricular, la enfermedad tromboembólica y los pacientes con prótesis valvulares cardiacas.
Los problemas de anticoagulación son la segunda causa de muerte en España y la primera en las mujeres por lo que la anticoagulación oral es clave para controlar estas patologías y, según la Dra. Mediavilla, “es el estándar de oro para tratar a estos pacientes y hacer una terapia preventiva”.
Sin embargo, aunque la anticoagulación ha demostrado reducir casi en un tercio la mortalidad en pacientes con fibrilación auricular y evitar la aparición de más del 75% de los ictus en estos casos, el acceso a los anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) no es equitativo en el Sistema Nacional de Salud y todavía está indicado como segunda opción de tratamiento.
ACOD como primera opción terapéutica
La antivitamina K, conocida comúnmente como ‘Sintrom’, ha sido tradicionalmente el antagonista oral fundamental en la práctica anticoagulante. Su problema es que no tiene un margen terapéutico amplio, lo que dificulta el buen control del tratamiento anticoagulante. “Pasarse por encima o por debajo tiene unas graves consecuencias”, resume la doctora, que añade: “tienen que estar controlados con una periodicidad enorme”.
Por ello, los pacientes reclaman que los anticoagulantes orales de acción directa se sitúen como primera opción terapéutica para la fibrilación auricular no valvular. El motivo, ha argumentado, es que donde hay “mayor impregnación” de estos fármacos se ha disminuido la tasa de ictus relacionada con fibrilación auricular.
Otra de las ventajas que perciben profesionales y pacientes radica en que estos anticoagulantes ofrecen niveles “predecibles, estables y fiables” de anticoagulación. Además, su monitorización no obliga a llevar una pauta “rutinaria y permanente”.
Aunque el uso de estos anticoagulantes orales de acción directa ha aumentado en España superando el 50%, “sigue estando muy por debajo de la media de otros países europeos”. En otros estados se supera el 80%. En nuestro país, el problema es que están sujetos a “visado de inspección”.
Propuestas para mejorar atención sanitaria del paciente anticoagulado
En este contexto, el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (Feasan), Rafael Martínez, ha solicitado a las administraciones y a los diferentes grupos parlamentarios “un compromiso real con la mejora de la calidad asistencial para los medicamentos anticoagulados”.
A su vez, ha instado a que haya garantías para un acceso equitativo “a los tratamientos necesarios”. Entre sus peticiones ha resaltado también la necesidad de potenciar el “autocontrol” de los pacientes sobre sus tratamientos, para lo que haría falta una mayor educación e información.
El encuentro ha servido para exponer siete propuestas de mejora de la atención sanitaria del paciente anticoagulado. Elaboradas por Feasan, destacan empoderar al paciente en su autocuidado; facilitar la libre prescripción de los ACOD o establecer sistemas de evaluación de la calidad del control. Otras que se incluyen pasan por potenciar la digitalización de la gestión del tratamiento anticoagulante oral o asegurar la formación continuada de la atención primaria.
Mejorar la gestión actual
A su vez, el criterio de gestión que obstaculiza un mayor uso de estos fármacos está basado en un Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT) emitido en 2016. Dichas restricciones han derivado en inequidades entre comunidades autónomas. Hoy, algunas las prescriben más rápido que otras.
Motivo por el que se limita su tratamiento solo en segunda línea. No obstante, desde el grupo parlamentario socialista han manifestado que el Gobierno “ya está trabajando en una actualización de este IPT”.
Precisamente esa petición es la que ha hecho el grupo parlamentario popular: “Hay que revisar el IPT y eliminar el visado para la financiación de los ACOD, pero antes es necesario garantizar la accesibilidad”, ha instado su vicepresidenta segunda en la Comisión de Sanidad, Elvira Velasco.
