Redacción
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sugerido que habría que subir el IVA de la sanidad privada como medida para reducir las desigualdades socioeconómicas en España. Díaz ha planteado esa posibilidad, que no se reduce solo a la parte sanitaria sino también a la educación privada, además de pedir que suba la imposición de los productos de lujo y de los billetes de avión para vuelos internacionales.
“Estamos financiando de alguna manera la asistencia a las escuelas privadas, no estoy hablando de la escuela concertada. ¿Por qué la sanidad privada en España tributa al 0%? ¿Es esto justo?“, ha expresado durante una entrevista concedida a la agencia EFE y publicada este jueves.
La líder de Sumar ha reclamado, entre otras cuestiones, que con estas medidas se podrían acabar con las “injusticias fiscales”. Asimismo, ya las ha puesto encima de la mesa de negociación con el PSOE de cara a los Presupuestos Generales del Estado de 2024.
“Estamos financiando de alguna manera la asistencia a las escuelas privadas, no estoy hablando de la escuela concertada. ¿Por qué la sanidad privada en España tributa al 0%? ¿Es esto justo?”, se ha preguntado Díaz
Las reacciones no se han hecho esperar. La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), ha respondido con su “rechazo” a esta propuesta que defiende Díaz. Y además le ha recordado a la ministra que la exención de IVA obedece a la Directiva 2006/112 del Consejo de Europa, que establece un marco común relativo al sistema del impuesto sobre el valor añadido. En ella, se recoge que “queda exenta de este impuesto cualquier prestación de servicios del sector sanitario como las hospitalizaciones y la asistencia sanitaria, los servicios médicos prestados por profesionales y los servicios protésico-dentales”.
Desde la patronal de la sanidad privada consideran que este posicionamiento de la vicepresidenta Díaz responde “de nuevo a cuestiones ideológicas que dejan a un lado los números y los hechos”, ha lamentado su presidente, Carlos Rus.
“La ideología sin matemáticas puede afectar dramáticamente a los pacientes, ya que en un momento en el que el sistema público está especialmente tensionado, poner trabas a la accesibilidad a la asistencia privada es un error que se pagará con mayores listas de espera y peor calidad asistencial al paciente en la sanidad pública”, ha advertido en un comunicado emitido por ASPE.
Un incremento del gasto público “muy superior” al ingreso por IVA
Asimismo, encarecer los servicios de la sanidad privada al reinstaurar el IVA previsiblemente trasladaría hacia el sistema público “a millones de usuarios que actualmente no hacen uso de los recursos públicos, o lo hacen parcialmente”. Por este motivo, Rus ha avisado que, a pesar de que evidentemente el Estado recaudaría ingresos mediante esta figura fiscal, a medio plazo el incremento del gasto público sería “muy superior a dichos ingresos, ya que se tendría que atender a las consultas, pruebas e intervenciones que ahora se realizan en la privada y que se trasvasarían a la pública, con lo que desde luego no resulta una medida ni útil ni eficaz”.
Carlos Rus, presidente de ASPE: “Habría que regular para favorecer el mejor servicio posible a los pacientes, no justo en dirección contraria. Es momento de sumar esfuerzos, no de poner trabas precisamente a quien contribuye a crear un Sistema Nacional de Salud más sostenible y accesible”
Los pacientes también se verían perjudicados, recoge el escrito, si esta hipotética medida se materializase con una imposición del 21% de IVA a la sanidad privada. Significaría, ha explicado Rus, “gravar a los pacientes que utilizan los servicios sanitarios”. Cuando, en su lugar, habría que regular “para favorecer el mejor servicio posible a los pacientes, no justo en dirección contraria. Es momento de sumar esfuerzos, no de poner trabas precisamente a quien contribuye a crear un Sistema Nacional de Salud más sostenible y accesible”.
Medida ya planteada antes y rechazada por Hacienda
Además, la patronal de la sanidad privada se remonta a octubre de 2020, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, terminó alejando la posibilidad de eliminar la exención del IVA a la sanidad privada. Montero argumentó entonces que “de acuerdo con la Directiva del Consejo de Europa relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, la asistencia a personas físicas por profesionales médicos o sanitarios está exenta de IVA y se trata de una exención obligatoria para todos los Estados miembros de la Unión Europea”.
Por tanto, desde ASPE han observado cómo la propuesta de Díaz podría “dejar a España fuera de la armonización europea, perjudicando a su población y a sus empresas frente al conjunto de la población restante de la UE”. Aún así, la misma directiva establece algún margen de aplicación con matices técnicos en la aplicación por cada Estado miembro.
A nivel comunitario, ninguno de los grandes países de la Unión Europea introduce limitación alguna a la exención. Países como Alemania, Francia, Italia, Polonia, Países Bajos, Rumanía, Bélgica o República Checa aplican la exención a servicios prestados por entidades sanitarias de igual forma que a las entidades públicas.
Asimismo, desde la patronal también se alerta de los perjuicios que esta medida tendría sobre un sector que genera valor y riqueza para la economía del país y que emplea a más de 400.000 personas. Esta posible situación podría abocar al cierre de empresas sanitarias de menor tamaño, debido a la más que posible pérdida de asegurados.
