J. L. G.
“Si alguien quiere ver aquí subastas que se han realizado en otra época o en otro sistema, es libre de hacer la interpretación de la realidad que quiera. Es bastante complicado”, ha zanjado este lunes el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, durante una rueda de prensa convocada exprofeso para aclarar las dudas y despejar parte del revuelo generado con el anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros.
La industria farmacéutica salió en tropel a advertir que lo que planteaba este anteproyecto de ley, ahora mismo en fase de audiencia pública, pone en riesgo la competitividad del tejido productivo en nuestro país en lo referente al desarrollo y comercialización de fármacos. El objeto de sus críticas ha sido el sistema de precios seleccionados. Este, en palabras de Padilla, se ha ideado con el objetivo de que se incentive la competencia “en contextos de precios que están por arriba”.
Es decir, que en un supuesto de un medicamento cuya patente ya haya vencido y su precio de referencia sea el más alto, este nuevo sistema pretende ajustarlo con el objetivo de propiciar la competencia entre más farmacéuticas, incluyendo aquí a las de genéricos y biosimilares, “las que deberían ser las verdaderas protagonistas en esta fase”.
Padilla lamenta que se haya interpretado que este modelo se podría aplicar en otro punto de vida del fármaco. En el caso de aquellos antiguos pero críticos por su utilidad, Sanidad (como ya señaló anteriormente) contempla una “partida presupuestaria específica” para revisar qué fármacos “podrían beneficiarse de una subida de precios”.
Padilla defiende que el anteproyecto busca con el sistema de precios seleccionados una mayor penetración de las industrias de los genéricos y biosimilares, “las que deberían ser las verdaderas protagonistas”
Este punto es en el que precisamente se ha centrado el discurso tanto del secretario de Estado como del director de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), César Hernández. Esta es “una ley plenamente coherente con las demandas de la industria”, explica en referencia a aspectos que se incluyen como las innovaciones incrementales o la apuesta por la producción de proximidad y la autonomía estratégica, entre otros. “Todo con un marco sostenible” que divida las decisiones en el momento adecuado para que no se “pongan en riesgo” las que se tomen posteriormente.
Así, este sistema de precios seleccionados ahonda en la necesidad de que las industrias de genéricos y biosimilares tengan mayor penetración en nuestro país de lo que ahora tienen (pone de referencia a Alemania y Dinamarca como mercados donde los genéricos y biosimilares tienen una gran cuota de mercado).
Estableciendo, por un lado, unos precios sostenibles para el SNS pero también para las farmacéuticas, matiza Hernández, y por el otro revitalizando los fármacos antiguos pero aún vigentes por su valor crítico (como ibuprofenos o paracetamoles, por ejemplo). Una forma “de sin ser intervencionista”, fomentar la competencia “de manera natural” entre los diferentes productores de fármacos. Y es que, según Hernández, la situación actual de las industrias de genéricos y biosimilares es de desventaja: los precios de sus productos son entre un 8% y un 10% más caros que la media europea.
Innovación incremental y predictibilidad
Con ese contexto, el anteproyecto se ha elaborado para aportar varias ventajas al actual sistema, detalla Hernández. Una, que propicie la innovación incremental, la que afecta tanto a medicamentos innovadores como a otros genéricos. Es decir, que cualquier tipo de novedad que se incorpore a una indicación (como un cambio de presentación) se tenga en cuenta a la hora de valorar su precio.
Uno de los rasgos en los que insiste es en la variabilidad y la predictibilidad que tendrá en cuenta esta normativa, que aglutina diversos reales decretos en una sola ley. No se trata, continúa, de elegir el precio más bajo, sino de que este sea uno de los otros elementos que ponderen el coste final de un medicamento. En función de, entre otras variables, cuántos productores hay de ese principio activo, cómo se reparten en el mercado, que garanticen la cadena de suministro y que permitan la autonomía estratégica.
Esto hace que el nuevo sistema de precios sea “mucho más flexible que el actual”, permitiendo “acomodar esos precios al rango del nuevo sistema”. Algo conectado con la predictibilidad para tener un margen suficiente (ahora, de 6 meses) en el que se pueda establecer un nuevo precio de un fármaco cuya patente ha vencido a un índice idóneo para el mercado, “como en otros países de la UE”.
Parámetros como la predictibilidad o la variabilidad entran en la normativa como aspectos que ayuden a ponderar el precio, que no se regirá por el índice más bajo sino por “una horquilla”, detalla Hernández
En paralelo, Hernández apunta que la fórmula para el cálculo de precios se ha decidido posponer “para una fase posterior”. No obstante, lo que tienen claro es que ya no se regirá en función del precio más bajo, sino de “una horquilla, un promedio” que será en función del número de compañías que tengan ese principio activo desarrollado.
A pesar de todo lo anterior, que Padilla califica como “uno de los principales hitos” conseguidos a nivel normativo, la industria reprocha al Gobierno que acometan estos cambios en un momento “crítico y de enorme inestabilidad geopolítica”. De tal manera que incluso la patronal de los genéricos y, también, la de los biosimilares, han reprochado que este texto pudiera en algún caso favorecer el precio más barato, lo que impactaría tanto a sus industrias, como a la cadena de suministro y, en última instancia, a las farmacias.
Para despejar las dudas, aparte de la rueda de prensa de este lunes, el secretario de Estado reitera: “estamos abierto al diálogo”, más teniendo en cuenta, apunta, que solo hay dudas “en un artículo y medio” de los 146 y las otras 22 disposiciones adicionales que conforman el anteproyecto de ley. “Que el resto no suscite el disenso necesario es favorable, nos congratula”, agrega. Preguntado por ciertos reproches de sectores a priori favorecidos con esta nueva norma, Padilla lo enmarca en una estrategia típica de las negociaciones.
Por otra parte, avanza que en las próximas semanas convocará a los grupos parlamentarios para mantener conversaciones sobre este borrador de anteproyecto y los aspectos que aún queden por cerrar.
La prescripción no se modificará
Quedaba por aclarar cómo actuará Sanidad también en el otro elemento polémico, la prescripción enfermera y fisioterapeuta. Pues bien, Padilla sentencia que no será un elemento que se toque. “Va a estar presente en el anteproyecto de ley porque ya está en la vida real”, concluye. Aunque aclara que será para los ámbitos de competencia previstos para cada especialidad y, como ha repetido en otras ocasiones, en ningún caso se trata de “sustituir a un profesional por otro”, sino de “desarrollar una mejor calidad asistencial” para los pacientes.
El hecho de que el nuevo texto contemple el cambio de la prescripción de marca por otra de principio activo, explica Hernández, “es un elemento de seguridad”. No obstante, si un facultativo decide prescribir por marca, deberá indicar el principio activo. En caso de que solo haya un producto de ese principio activo, se podrá indicar la marca. Si hay más de uno, el farmacéutico dispensará los que se indiquen en un listado de medicamentos dispensables o bien el que le pida de forma explícita el paciente. Con ello, se persigue mejorar la adherencia a los tratamientos a pesar de que puedan cambiar debido a las revisiones previstas de manera semestral en el índice de precios.
