Redacción
Desde la Comunidad de Madrid se ha rechazado crear un registro de médicos objetores de conciencia para practicar un aborto. Es una decisión contra lo exigido por la ley de 2023. Sanidad ya envió un requerimiento formal a la Comunidad de Madrid, Aragón y Baleares. Para el Ministerio el registro de objetores es «una obligación legal«.
Fátima Matute: Madrid no va a perseguir a los que practican aborto o no practican aborto
En Madrid «no se va a señalar ni a perseguir a quienes abortan o a los que no abortan, ni tampoco a los que practican aborto o no practican aborto«, ha dicho la consejera de Sanidad, Fátima Matute. «Creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente«, ha defendido. Según ha apuntado, «saltarse este procedimiento no solamente vulnera los derechos de las mujeres, es que también vulnera los derechos de los profesionales que quieren ejercer de manera activa e individual su derecho a la objeción de conciencia«.
Matute asegura que la lista de objetores vulnera los derechos de los profesionales que quieren ejercer de manera activa e individual su derecho a la objeción de conciencia
Fátima Matute ha explicado que el Gobierno regional defenderá, «con la Constitución en la mano«, la libertad de objeción frente al aborto ante la exigencia del Ejecutivo central de implantar el registro de objetores de conciencia. «Nosotros preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie«, ha recalcado.
Reacción de Mónica García
Mónica García ha contestado a Matute. Le ha recordado que este viernes vencía el plazo para presentar el registro de médicos objetores de conciencia en materia de aborto. Hace ya un mes que enviaron el requerimiento formal para exigir la lista. «Vamos a respetar el plazo, aún están a tiempo«, ha señalado la ministra de Sanidad. El pasado 14 de octubre, Sanidad envió un requerimiento formal a las comunidades autónomas para que presentaran, en el plazo de un mes, el registro. Según García, Madrid era la que se había mostrado más explícita en su incumplimiento de la ley.
En caso de no presentar la lista, la ministra ha advertido que acudirá a los tribunales: «Después de este requerimiento, pasado un mes, tenemos dos meses de plazo para acudir a los tribunales y plantear un Contencioso-Administrativo para que un juez les obligue a cumplir la ley«.
