Gema Maldonado Cantero
Menos de 24 horas después de su paso por el Consejo de Ministros, el Anteproyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud está en audiencia pública para recibir alegaciones o aportaciones hasta el próximo día cuatro de marzo. El texto normativo propuesto por el Ministerio de Sanidad para restringir a pocas excepciones las concesiones y acuerdos de gestión privada de servicios sanitarios públicos ha levantado polvareda en las organizaciones que representan a la sanidad privada y en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ya ha anunciado que si la ley sale adelante la llevará a los tribunales.
El camino que el anteproyecto tiene por delante hasta que pueda llegar a publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entra en vigor no es sencillo. Habrá una nueva revisión de las alegaciones y aportaciones que se recojan del proceso de audiencia pública, volverá al Consejo de Ministros y después emprenderá el camino al Congreso de los Diputados. Tendrá que pasar por la Comisión de Sanidad, donde no les falta trabajo con todo el paquete normativo del leyes que el mandato de Mónica García ha activado, y donde es previsible que tenga en contra a una parte sustancial de los grupos parlamentarios encabezados por PP y VOX.
El camino que el anteproyecto tiene por delante hasta que pueda llegar a publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entra en vigor no es sencillo
Está por ver el apoyo de algunos de los que apoyaron la investidura de Sánchez, como PNV y Junts, este último viene de una comunidad donde tienen gran peso los acuerdos de gestión sanitaria indirecta. Las enmiendas y los posibles apoyos o posiciones en contra marcarán la evolución del texto propuesto por el Ministerio en lo que queda de una legislatura en la que el Gobierno anda siempre en la cuerda floja, por lo que es posible que su paso por el Pleno del Congreso no consiga los votos positivos suficientes.
Mientras el Ministerio encabezado por Mónica García defiende que esta ley va a «blindar» el Sistema Nacional de Salud (SNS) de las «garras privatizadoras» y de los casos «absolutamente obscenos», en referencia al escándalo por los audios filtrados del CEO Ribera Salud, entidad privada que gestiona el hospital público de Torrejón (Madrid), las organizaciones que agrupan los intereses de los prestadores de servicios sanitarios privados han mostrado su rechazo frontal al texto del Gobierno.
El texto determina un marco normativo «claro, coherente y firme» que busca garantizar la prioridad de la gestión pública del SNS y que tiene como base la derogación de la Ley 15/1997 que permitía la entrada del sector privado
La patronal del sector, ASPE lo considera un «ataque dogmático a la libertad de gestión de las competencias sanitarias de las comunidades autónomas», y la Fundación IDIS cree que es «un obstáculo importante para la accesibilidad y para la calidad de la atención sanitaria». Por su parte, tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, como su consejera de Sanidad se han mostrado en contra de un texto que apunta directamente a un modelo de gestión que lleva años integrado en el sistema sanitario madrileño. Isabel Díaz Ayuso acusa directamente al Gobierno de querer «acabar con la sanidad madrileña».
En este escenario es más que previsible que muchas organizaciones del sector privado que mantienen contratos de gestión con los sistemas sanitarios públicos autonómicos y las propias comunidades presenten alegaciones al anteproyecto de ley desde este mismo martes 11 de febrero. Un texto que ya se puede consultar de manera íntegra y que determina un marco normativo «claro, coherente y firme» que busca garantizar la prioridad de la gestión pública del SNS y que tiene como base la derogación de la Ley 15/1997 que permitió la entrada de las organizaciones privadas en el SNS con fórmulas de colaboración público-privada y concesiones administrativas.
El Consejo Interterritorial acordará los indicadores de resultado de salud y de calidad de los servicios prestados que se medirán en los procesos de rendición de cuentas
Sobre esta base, el anteproyecto de ley restringe las fórmulas de colaboración con entidades privadas hasta reducirlas a tres excepciones: que no sea posible la prestación directa de los servicios sanitarios que integran el SNS, que la financiación de la gestión indirecta resulte sostenible, eficiente, justificada y motivada objetivamente y cuando esta gestión indirecta garantice la sostenibilidad social de servicio, esto es, que se garantice «en todas las fases de la prestación del servicio concreto la calidad, la continuidad, la accesibilidad, la asequibilidad y continuidad» de este tipo de servicios. Cuando se cumplan estas excepciones y se lleven a cabo acuerdos con entidades privadas, se priorizará a las entidades sin ánimo de lucro frente a grupos hospitalarios privados que sí buscan ese lucro.
El texto determina las estructuras de gestión y administración de los centros y los servicios sanitarios de forma que la prioridad la tendrá la Administración pública, pero también plantea crear consorcios públicos de gestión que garanticen la transparencia y que tengan que rendir cuentas. Y este es uno de los principios generales que recoge el anteproyecto de ley, que no solo exige la evaluación y la rendición de cuentas de los proyectos de colaboración público-privada que se intenten llevar a cabo dentro de las excepciones recogidas, también se exige a los consorcios que formen varias administraciones públicas o entidades que pertenezcan al sector público institucional para gestionar los servicios del SNS y a las administraciones públicas.
Se reforzarán los mecanismos de control sobre la gestión sanitaria, «incluyendo la evaluación independiente de la eficacia y la calidad de los servicios», con la participación de pacientes y profesionales
Así lo recoge el anteproyecto de ley en todo un capítulo (el cuarto) dedicado al «Buen gobierno, la rendición de cuentas y la evaluación ex post». El Consejo Interterritorial del SNS acordará los indicadores de resultado de salud y de calidad de los servicios prestados que se medirán en los procesos de rendición de cuentas y se reforzarán los mecanismos de control público sobre la gestión sanitaria «incluyendo la evaluación independiente de la eficacia y la calidad de los servicios«. El texto incluye la participación de los pacientes y de los profesionales en los órganos de control y seguimiento. El Ministerio y las comunidades tendrá que publicar como mínimo una vez al año los indicadores sanitarios de todos los centros sanitarios del SNS.
Las restricciones a la denominada colaboración público-privada en la gestión de la sanidad no afectan a los contratos que ya están en vigor. Pero cualquier acuerdo con entidades privadas que quieran hacer las comunidades autónomas tendrá que someterse a una evaluación previa, con un informe motivado de la externalización del servicio que sea que tiene que publicarse en el BOE.
El Ministerio y las comunidades tendrá que publicar como mínimo una vez al año los indicadores sanitarios de todos los centros sanitarios del SNS
Las administraciones también deberán constituir comités de evaluación para estos casos de gestión sanitaria indirecta, que tendrán que emitir un informe. Además, tendrán que solicitar un informe a la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) para analizar la sostenibilidad financiera de estos contratos. De nuevo el Consejo Interterritorial del SNS tendrá una tarea en este sentido: será el órgano que acordará las directrices para elaborar estos informes.
Desde que entre en vigor la ley, el Ministerio de Sanidad tiene un año para presentar un informe de evaluación sobre las experiencias de gestión indirecta de la sanidad pública desde 1997 ante la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno. El texto del anteproyecto también ofrece el asesoramiento de la Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud sobre cómo revertir la gestión privada de centros sanitarios a las administraciones sanitarias que lo soliciten.
