Patricia Durán Carrasco (Las Palmas de Gran Canaria)
Un estudio realizado en 12 zonas básicas de salud del área Norte, Sur y Metropolitana de Tenerife examinó tanto las hojas de citación como los registros de historias clínicas de 24 profesionales de medicina y enfermería durante una semana tipo. El punto de partida teórico del sistema fija una capacidad asistencial de 130 consultas semanales por profesional, calculadas a razón de 10 minutos por paciente en bloques de cuatro horas y media de agenda. No obstante, las auditorías demostraron la existencia de las denominadas ‘jaulas invisibles’: distorsiones organizativas por recortes, reservas o citaciones ineficientes en los sistemas de información, que merman la capacidad asistencial efectiva.
“Mejorar la accesibilidad está muy bien siempre y cuando se promueva una utilización responsable de la misma. Cuando facilitar el acceso debilita el compromiso del paciente con la cita, se deteriora la totalidad del sistema”, señaló la Dra. Amparo Gómez Rodríguez de Acuña, responsable de la Unidad de Apoyo a la Gestión de Consulta y coordinadora del Grupo de Trabajo de Gestión de Consulta y Organización de Equipos de Atención Primaria de Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria (Socamfyc), durante su intervención en la mesa de debate Rompiendo las jaulas de la accesibilidad: datos y soluciones para una atención primaria más sostenible, que se celebró en el marco del XLVI Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc).
Las ausencias a las consultas suponen entre 20 y 25 citas perdidas a la semana por profesional
Entre los hallazgos del estudio, de los 3.844 pacientes durante la semana analizada, 522 no comparecieron a su cita (entre 20 y 25 ausencias semanales por profesional). Esto equivale a la pérdida neta de un día completo de trabajo a la semana por cada médico. Al analizar la trayectoria asistencial, se descubrió que el 18% eran ‘ausencias puras’: pacientes que habían sido atendidos en los 10 días previos o que acudieron en los 2 días posteriores, lo que evidencia cómo la facilidad de acceso sin barreras debilita el compromiso del usuario.
Asimismo, el seguimiento de 464 procesos de incapacidad temporal (IT) en las 12 zonas básicas consumió 6.811 actos asistenciales (una media de 20 consultas semanales por médico dedicadas exclusivamente a tramitar bajas). Una parte sustancial de las citas de demanda correspondía a gestiones administrativas derivadas de otros niveles asistenciales o instituciones públicas y privadas, tales como renovación de recetas de especialista, visados, interconsultas de filtro y solicitudes de transporte sanitario.
Gasto sanitario en la última década
Por su parte, Beatriz González López-Valcárcel, catedrática en Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e investigadora en Economía de la Salud, abordó el ámbito económico de la salud, ofreciendo una perspectiva macroeconómica sobre la evolución del Sistema Nacional de Salud (SNS) en la última década (2014-2024). Según las cifras presentadas por la economista, en los últimos diez años el gasto sanitario público en España creció un 56%, una cifra sustancialmente superior a la inflación acumulada (21%) y al crecimiento de la población (4,7%). Mientras, el número de médicos de familia por habitante aumentó un 4% y el de enfermeras en atención primaria creció un 17%.
Las especialistas defienden redistribuir las tareas administrativas para reducir duplicidades y liberar tiempo de atención clínica
Sin embargo, en este mismo periodo, las consultas médicas por habitante cayeron un 3,2%, mientras que los índices de insatisfacción, sintomatología depresiva y agotamiento profesional (burnout) entre el personal sanitario alcanzaron máximos históricos. Respecto a la demora asistencial, la economista puntualizó que, si bien es un indicador imperfecto de calidad clínica, constituye una medida fundamental de la experiencia percibida por el paciente (PREM).
Responsabilidad clínica y administrativa
Otra de las cuestiones que se abordó durante la mesa de debate fue la responsabilidad clínica y administrativa. La especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y presidenta de la Academia de Medicina de Familia de España (AMFE), la Dra. Verónica Casado Vicente, manifestó que la infrafinanciación histórica de la atención primaria, la falta de previsiones en la oferta de plazas MIR y la obsolescencia de los mapas sanitarios han llevado al sistema al borde del colapso.
“Lo que puede hacer un auxiliar administrativo que no lo haga enfermería; lo que puede hacer enfermería que no lo haga el médico; y lo que puede resolver la atención primaria que no lo derive el hospital de forma ineficiente”, matizó Casado. En este sentido, la presidenta de la AMFE defendió como eje de la reforma el principio recto, donde la gestión administrativa y la responsabilidad clínica deben ir estrictamente unidas, es decir, el profesional que toma la decisión clínica debe asumir la tramitación administrativa derivada de la misma. De esta forma, se evita duplicidades y obliga al paciente deambular de un servicio a otro para conseguir trámites o recetas.
El gasto sanitario público creció un 56% entre 2014 y 2024, frente al 21% de inflación acumulada
El debate concluyó con la desburocratización de la incapacidad temporal. La economista González advirtió que la incapacidad temporal de corta duración es un problema de productividad nacional estudiado por la AIReF y el Banco de España. “Antes de implantar medidas como la autodeclaración responsable de forma generalizada, resulta imprescindible actuar con prudencia, realizando proyectos piloto evaluables que midan su impacto real sobre el tejido productivo antes de escalarlas”, añadió.
Las ponentes estuvieron de acuerdo en la urgencia de evitar que los médicos de familia actúen como “secretarios del sistema” o firmantes de documentos públicos sin margen de decisión clínica real, citando iniciativas piloto para desplazar la tramitación de bajas sugeridas en fines de semana a los propios servicios de urgencias. Asimismo, defendieron la alfabetización en salud a nivel político, organizativo, profesional y comunitario. Esta estrategia busca capacitar a la ciudadanía y a la propia administración para abordar los determinantes sociales de la salud (laborales, emocionales o relacionales) desde la comunidad, evitando la medicalización innecesaria de los malestares cotidianos.
