Redacción
Para ayudar a las partes interesadas en la planificación, justificación, medición y acreditación de criterios sociales y medioambientales en los procesos de contratación pública sanitaria, junto a los criterios de calidad, seguridad, disponibilidad y eficiencia económica, Ferrer y Vinces han presentado, durante una jornada en Madrid, el nuevo decálogo ‘Transformando la compra pública de medicamentos. La incorporación del valor social y medioambiental’, en el que se unifican diez principios de actuación.
El documento plantea la necesidad de evolucionar desde una lógica centrada en el coste inmediato hacia una más amplia de valor generado por las personas, el sistema sanitario y la sociedad a medio y largo plazo. “En Ferrer entendemos que la manera de hacer negocios también debe contribuir a transformar la sociedad. Por eso, es importante impulsar cambios en ámbitos como la compra pública sanitaria, donde las decisiones económicas pueden tener un impacto que va mucho más allá del propio contrato. Incorporar criterios sociales y medioambientales supone avanzar hacia un modelo que reconozca el valor que generan los medicamentos para las personas, el sistema sanitario y el conjunto de la sociedad”, ha afirmado David Martorell, Country Manager de Ferrer España.
La propuesta plantea priorizar el valor global del medicamento frente al precio más bajo
Entre las líneas de actuación, destaca priorizar el valor global frente al precio en la compra pública, integrando los resultados en salud, el impacto social, la sostenibilidad y la eficiencia para adjudicar sobre la mejor relación calidad-precio, y no únicamente sobre el precio más bajo. Asimismo, valorar el impacto social acreditable y vinculado al objeto del contrato, incorporando aspectos como la accesibilidad de la información dirigida a los pacientes o las condiciones de empleo del personal que ejecuta el contrato, y evaluando su implantación y resultados.
También se plantea incluir la sostenibilidad medioambiental como criterio estructural, valorando la huella ambiental del medicamento a lo largo de todo su ciclo de vida y reconociendo las mejoras verificables en su producción, distribución, uso y gestión final. Además de extender la valoración ambiental a la utilización y eliminación del medicamento, considerando soluciones que reduzcan sobrantes y residuos, como las presentaciones adaptadas a la práctica clínica o la integración en sistemas de recogida y logística inversa.
Por último, traducir los criterios en indicadores y evidencias objetivos, medibles y comparables, combinando métricas con modelos de gestión y certificaciones reconocidas, o equivalentes, que permitan acreditar los compromisos sociales y medioambientales vinculados al medicamento.
La propuesta incluye criterios como la accesibilidad de la información para los pacientes, las condiciones laborales y la reducción de la huella ambiental
La jornada también permitió abordar tanto el marco necesario para incorporar el valor social y medioambiental a la compra pública como su aplicación práctica en los procedimientos de contratación.
Entre los participantes se encontraban, entre otros, César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia; José María Gimeno Feliu, codirector del Observatorio de Contratación Pública; representantes de SEFH y SEDISA; Raquel Sánchez, directora del Foro Español de Pacientes; Marta Anglada, Chief Social Justice Officer de Ferrer, y representantes de cinco comunicades autónomas.






