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Electoralismo, inseguridad jurídica y sanidad privada

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..Juan Pablo Ramírez. Director de iSanidad.
El acuerdo entre el Gobierno y Podemos mantiene aún preocupado al sector sanitario privado. La última en expresar su desconfianza ha sido la patronal CEOE la semana pasada. El punto sobre blindar la sanidad pública contra las privatizaciones ha generado incertidumbre. No sabemos aún cuáles van a ser esas medidas, habrá que esperar a la creación de la comisión prevista en el convenio presupuestario.

Si el Gobierno cumpliera su acuerdo con Podemos, podría adoptar dos medidas. La primera sería eliminar las mutualidades como ya propuso el Laboratorio de la Fundación Alternativas del PSOE en 2015. La segunda consistiría en derogar la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que se aprobó en su día con el apoyo del PSOE.

Imaginen que el Gobierno decide eliminar las mutualidades. Casi 1,9 millones de funcionarios que han elegido la sanidad privada se reintegrarían en el sistema público. El impacto para las listas de espera sería enorme

Con respecto a las mutualidades no parece que vaya actuar. Todo lo contrario. La semana pasada el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos alcanzó un acuerdo con la principal mutualidad de funcionarios, Muface. Firmaron un convenio de colaboración para establecer un sistema de receta electrónica. Allí estaba un representante del Gobierno, el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto. El Ejecutivo prevé además dentro de estos presupuestos acordados con Podemos incrementar las partidas para Muface en 2019 en un 1,24% hasta alcanzar los 1.766,7 millones de euros. Tiene su lógica. Imaginen que el Gobierno decide eliminar las mutualidades. Casi 1,9 millones de funcionarios que han elegido la sanidad privada se reintegrarían en el sistema público. El impacto para las listas de espera sería enorme y el sistema sanitario no parece preparado en las actuales circunstancias para asumir este volumen de población. Las ofertas públicas de empleo van encaminadas a estabilizar las plantillas, no a aumentarlas.

Tampoco tiene pinta de que el Gobierno vaya a modificar la Ley 15/1997. El interés hoy se encuentra en la universalidad y en la eliminación del copago. Las dos ministras de la era Pedro Sánchez han hablado de la defensa de la sanidad pública pero en ningún momento han planteado un cambio de normativa. Quizás porque son conscientes de que no existe un problema real. Se habla de una constante privatización, pero las cifras muestran los contrario. Los conciertos sanitarios se redujeron en 2016 (último año con datos disponibles) un 2,18% y representaron un 10,11% de los presupuestos en salud de las comunidades autónomas, según el informe anual del sindicato Comisiones Obreras.

Los conciertos sanitarios se redujeron en 2016 un 2,18% y representaron un 10,11% de los presupuestos en salud de las comunidades autónomas, según el informe anual del sindicato Comisiones Obreras

Son ocho los comunidades autónomas que han incrementado esta partida destinada a la sanidad privada, tres de ellas gobernadas por el PSOE: Extremadura, Baleares y Asturias. Un cambio de normativa no contaría tampoco con el apoyo en el Parlamento de los partidos catalanes. La Generalitat de Cataluña es hoy la que más gasta en conciertos con 2.516 millones de euros, un 2,7% más que el año anterior. La segunda que presenta un mayor gasto en convenios con el sector privado es la Comunidad de Madrid con 842 millones de euros, pero redujo esta cantidad un 14,6%. Estos datos podrían servir para desterrar ese mito que pretende hacernos creer que el Gobierno madrileño se ha dedicado a privatizar todos los servicios.

Resulta poco probable que el Gobierno vaya a cumplir su acuerdo con Podemos en lo que respecta a la sanidad privada. Da la sensación de que ese pacto para blindar la sanidad pública es un mero acto de electoralismo. El problema es que provoca inseguridad jurídica en un sector que genera 265.000 puestos de trabajo, con un porcentaje importante de alta cualificación. En los últimos años ha atraído la atención de inversores internacionales, aspecto que habría aprovechar ahora que empezamos a hablar de ralentización económica. Quizás contra lo que deberíamos blindarnos es contra este electoralismo en sanidad que nada aporta.

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