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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia “contra todas aquellas personas que por su condición de autoridades y responsables de Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat” valenciana. El sindicato señala en el escrito que la falta de protección al personal sanitario podría constituir, entre otros, delito de prevaricación por omisión.
La organización sindical expone relata que el 31 de enero de 2020 presentó un escrito dirigido a la consejera de Sanidad. Le pedía informar al personal en las instituciones sanitarias sobre el protocolo que esté elaborando ante la propagación del coronavirus. Le solicitaba también que suministrara los equipos de protección individual (EPI) necesarios.
CSIF ha presentado una denuncia penal “contra todas aquellas personas que por su condición de autoridades y responsables de Consejería de Sanidad Universal”
“Ante la inactividad de la Consejería de Sanidad, el sindicato presentó un nuevo escrito a la Comisión Sectorial de Seguridad y Salud laboral de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública, el día 27 de febrero de 2020, antes de la celebración de la reunión de esa comisión”, añade en el texto de la denuncia de CSIF. La central sindical lamenta que desoyera las recomendaciones de la OMS, de la declaración de emergencia sanitaria internacional y del Ministerio de Sanidad al respecto. “La Consejería de Sanidad incurrió en una evidente inactividad”, advierte.
El sindicato subraya que esa inactividad “se constata de manera evidente”. El sindicato subraya que esta inacción “ha dado lugar a un elevado número de contagios entre profesionales e incluso al fallecimiento de varios de ellos. Este personal infectado representa más del 15% del total de casos de contagios en la Comunidad Valenciana”.
CSIF esgrime que “podría ser constitutiva de un delito de prevaricación por omisión tipificado en el artículo 404 del Código Penal”
CSIF recuerda en la denuncia que “la obligación legal de proteger a los trabajadores por parte de la empresa, o en este caso administración empleadora, implica también la obligación de dotarles de los medios preventivos necesarios para que realicen su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad”. La central sindical hace hincapié en que “tal obligación está siendo incumplida de manera palmaria por la administración denunciada desde el primer momento. Sus profesionales han estado y están trabajando con batas permeables, chubasqueros, bolsas de basura, sus propias gafas, gafas de buceo y aquellos otros medios que se les ocurre”.
El sindicato recalca que “la administración denunciada no ha hecho entrega de EPI ni del resto de material como mascarillas FFP2 y FFP3, gafas de protección, calzas específicas y contenedores grandes de residuos”.
CSIF esgrime un posible “delito de prevaricación por omisión tipificado en el artículo 404 del Código Penal”. Argumenta también que podría tratarse de “un delito continuado contra los derechos de los trabajadores previsto y penado en los artículos 316, 317 y 318 del Código Penal, así como de tantos delitos de lesiones y homicidios imprudentes como trabajadores hayan resultado contagiados o fallecidos por el virus COVID-19, como consecuencia de la inacción y falta de previsión de la administración sanitaria autonómica”.
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