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ASPE lamenta que no se haya incluido a la sanidad privada en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica

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..Redacción.
El Congreso de los Diputados ha decidido que la sanidad privada no participe en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica que preparan los grupos parlamentarios, pese a la petición del sector a través de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) que entiende como “fundamental” el papel de hospitales y centros privados durante la pandemia de Covid-19.

El Congreso de los Diputados ha rechazado la petición de ASPE de participar en la Comisión de Reconstrucción en representación de la sanidad privada

ASPE considera que “es fundamental su participación” en la Comisión de Reconstrucción, porque en ella se abordarán aspectos clave para el sector. Entre ellos, cómo actuar ante un nuevo rebrote de Covid-19 y cómo se llevará a cabo “la reconstrucción” del sector sanitario privado, un sector de gran peso económico que “se ha visto especialmente afectado por la crisis”. El presidente de ASPE habla del “riesgo de que las autoridades no reconozcan su participación y ayude en sustento económico de los centros”, tanto los que han participado directamente en la lucha contra el Covid-19 como los que “han puesto sus recursos a disposición de las administraciones”.

El presidente de ASPE habla del “riesgo de que las autoridades no reconozcan su participación y ayude en sustento económico de los centros”

La patronal que agrupa al 80% del sector privado tiene previsto solicitar a las comunidades autónomas que se compense su actividad sanitaria durante la pandemia con parte de los fondos que el Gobierno destinará a cubrir el gasto sanitario generado por el coronavirus en las comunidades.

El Ejecutivo ha prometido 10.000 millones de euros para este fondo. De ellos, se pagarán 6.000 millones a corto plazo y otros 4.000 en el segundo semestre del año. El fondo se encuentra pendiente de aprobación por real decreto donde se establecerán los criterios de reparto. ASPE y sus asociaciones territoriales anuncian que iniciarán contactos con cada una de las consejerías de salud autonómicas para solicitar esta compensación. “Este país y sus gobiernos autonómicos no deben desamparar a las empresas que lo han dado todo cuando así ha sido necesario”, afirma Carlos Rus.

ASPE solicitará que se compense su actividad sanitaria durante la pandemia con parte de los 10.000 euros que el Gobierno destinará a las CC.AA.

Según informa ASPE, desde la patronal están haciendo un estudio del impacto estimado en el sector por la cobertura asistencial dedicada a atender la crisis de Covid-19. Recuerdan que los centros hospitalarios privados han asumido y asumen la atención sanitaria de más de 25.000 pacientes de Covid-19 hospitalizados y han atendido a unos 1.200 pacientes en UCI. En zonas como Madrid y Barcelona han llegado a duplicar sus unidades de críticos.

Además de ponerse a disposición de las administraciones “antes de que se declarara el estado de alarma”, sus centros han vivido tres escenarios distintos. Por una parte, sostienen que han tenido centros que “han vivido la pandemia al 150% de su capacidad”. En segundo lugar, en algunas zonas los centros privados se han utilizado como “circuito limpio para que la red pública atendiera a los pacientes infectados”. Por último, señalan aquellos territorios en los que la incidencia de infectados ha sido muy baja. En estos casos, la sanidad privada solo ha atendido pacientes Covid por derivación de las mutuas y aseguradoras.

La patronal señala que sus centros han tenido que desprogramar su actividad no urgente por la pandemia, lo que les ha supuesto un 85% en la caída de sus ingresos

La patronal señala que en los tres escenarios, sus centros han tenido que desprogramar su actividad asistencial no urgente. Lo que les ha llevado a que sus ingresos hayan caído “por encima del 85% durante los meses centrales de la crisis”. Actualmente, aunque la mayoría de comunidades han retomado su su asistencia ambulatoria y las cirugías programadas, ASPE asegura que la actividad global no supera el 30-40% en el grueso de los territorios “por la incertidumbre de los pacientes de si reprogramar su consulta”.

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