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Un juez resuelve que Madrid no denegó auxilio a una residencia por no derivar a los ancianos al hospital

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..Redacción.
El Juzgado de Primaria Instancia e Instrucción número 6 de Valdemoro decretó el archivo de un proceso penal contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por presunta denegación de auxilio durante la gestión de la pandemia del coronavirus en la residencia de ancianos Pablo Neruda de Ciempozuelos. En este centro fallecieron varias personas a causa del Covid-19 a los que se solicitó derivación a hospital.

En un auto fechado el 30 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado determinó que no se incurrió en delito. El juez recalca que “no puede obviarse” la situación de la pandemina entonces y la “saturación” de la administración sanitaria.

“La situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 ha conllevado a que los centros sanitarios y su personal difícilmente se encuentren posibilitados de prestar asistencia sanitaria que la entidad demandante demanda, escaseando además material sanitario que tiene por objeto evitar el contagio de la infección, no pudiendo a tenor de las circunstancias imputarse a la administración sanitaria autonómica o estatal un delito de omisión del deber de socorro a un particular dada la clara inexistencia de dolo o intencionalidad en la falta de atención vista la situación”, recoge la resolución.

Un Juzgado de Valdemoro archiva una causa contra la Comunidad de Madrid por denegación de auxilio a una residencia de ancianos

La empresa gestora del recinto, Clece Vitam, interpuso una denuncia al entender que las administraciones, ya fuera a nivel regional como estatal, habían eludido sus peticiones de ayuda. La compañía entiende que su situación era “crítica”. En los primeros 16 días de crisis sanitaria, murieron cuatro residentes, tres de ellos en el propio centro ante la “negativa de derivación a hospitales”.

Los demandantes exponían que la situación generada en la residencia había devenido en “imposible”, con decenas de personas sospechosas de haber contraído Covid-19. A pesar de estas circunstancias no pudo atenderse sus peticiones para reforzar el personal sanitario. “Nos encontramos en una ausencia de personal extrema”, recogía el escrito remitido al juzgado por la residencia.

Como medidas cautelares, que asimismo fueron rechazadas, se solicitaba por la denunciante convertir la residencia en un hospital geriátrico, bien a instancia de la Comunidad de Madrid o del Estado. El fundamento jurídico para acordar este archivo, que fue solicitado por la Fiscalía a la luz de la información reportada en las actuaciones, se encuentra en que los hechos denunciados no revisten caracteres de delito alguno y no integran el ilícito penal de omisión del deber de socorro.

El magistrado determinó que “no puede obviarse” la situación de la pandemina entonces y la “saturación” de la administración sanitaria.

Sin perjuicio de ello, el Juzgado puso en conocimiento de la Comunidad de Madrid, del Estado y del Ministerio de Defensa los hechos, para que, en la medida de sus posibilidades, pudieran adoptar las medidas tendentes a proveer de material sanitario que evite el contagio del virus en el centro, entre sus residentes y trabajadores, y se proceda a su desinfección.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado una “investigación interna” dentro del Gobierno regional por lo sucedido en las residencias de mayores consecuencia de la crisis del coronavirus y se ha mostrado abierta a que se constituya una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para analizar lo ocurrido.

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