La modificación realizada en el Código Penal con la publicación de la nueva Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, con la que, entre otros asuntos, se han ampliado las penas de multa y los requisitos para las penas de prisión por los delitos de intrusismo profesional, para el Consejo General de Dentistas, considera que no es suficiente para reducir el elevado número de infracciones que se producen en el ámbito de la Odontología española.
Por este motivo, el Consejo General de Dentistas que preside Óscar Castro Reino, ha vuelto a trasladar al Ministro de Justicia, Rafael Catalá, su preocupación por el grave riesgo que para la población supone los numerosos delitos de intrusismo profesional que se producen dentro del gremio de la Odontología, especialmente por parte de protésicos e higienistas dentales.
“Teniendo en cuenta los daños que se pueden llegar a provocar en la salud de la población”, el Consejo General de Dentistas considera que, a pesar de los cambios introducidos en el Código Penal, siguen siendo muy leves e insuficientes las penas, y es “que continúan sin conseguir el fin disuasorio que deberían tener y que, por tanto, no contribuirán a reducir el elevado número de casos de intrusismo profesional que se producen en el sector”.
De este modo, la Organización Colegial ha reiterado al titular de Justicia la necesidad de realizar una profunda modificación de la legislación vigente con el fin de salvaguardar la salud y seguridad de la población, “así como garantizar una asistencia sanitaria odontológica adecuada y de calidad, luchando de forma eficiente, ejemplar y decisiva contra aquellas personas que ejercen la Odontología sin tener la formación, las competencias y las capacidades legales necesarias”.
Del mismo modo, el Consejo General de Dentistas, también insta al ministro que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lleven a cabo una mayor y estrecha colaboración con la Organización Colegial para perseguir y erradicar este tipo de delitos.
En lo que va de año, en iSanidad nos hemos hecho eco de casos de delitos de fraude e intrusismo profesional en el que falsos profesionales ejercían sin la titulación requerida, como en Sevilla, Meliana (Valencia), Níjar (Almería), Valencia, Madrid, Talavera de la Reina, o de cómo el Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz advertía del importante riesgo sanitario por el “fraude y el intrusismo”, con el consiguiente peligro que eso implica para el paciente y el perjuicio para la profesión.
..Emilio Ramirez
