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Han pasado más de dos meses desde el inicio de la pandemia por coronavirus y los médicos de prisiones, según denuncia el sindicato CESM, siguen sin tener acceso a pruebas y tests de Covid-19. Están “muy preocupados” con las medidas de desescalada propuestas por Instituciones Penitenciarias que incluyen el inicio de comunicaciones familiares y talleres que ya están en funcionamiento nuevamente, una situación que según el sindicado médico se aborda con “una plantilla de médicos reducida al 50%”.
Según CESM no se han hecho pruebas a los médicos de prisiones para conocer la situación inmunológica frente la Covid-19 “sabiendo que la media de edad es elevada”
El responsable de médicos de centros penitenciarios de CEMS, el Dr. Pedro Antonio Martínez Sánchez explica que no se les ha hecho ninguna analítica para conocer la situación inmunológica frente la Covid-19 “sabiendo que la media de edad es elevada” entre estos profesionales, “y en muchos casos personal de riesgo”. Hace más de un mes, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias delegaba en un escrito dirigido a las CC.AA. la tarea de realizar test y PCRs a los trabajadores de sus centros. Pero, según CESM, no ha ocurrido en la mayoría de los casos.
En segundo lugar, se muestran en desacuerdo con Instituciones Penitenciarias por el escrito remitido el pasado 13 de mayo a los centros penitenciarios en el que se enumeraban las medidas y procedimientos de desescalada en las prisiones cuando las regiones en las que se ubiquen vayan alcanzando las fases uno y dos.
Los médicos de prisiones se muestra en desacuerdo con las medidas de desescalada por el Covid-19 que propone Instituciones Penitenciarias
El documento se refiere a las comunicaciones con allegados y abogados mediante locutorios, los permisos, los traslados y las actividades y tratamientos. Pero esta guía ha hecho que “la preocupación” de los médicos de prisiones “vaya en aumento”, según CESM. Por una parte, señalan que tienen “enormes dificultades” para disponer de pruebas diagnósticas de Covid-19 para los internos. Esto dificulta tareas de traslados, ingresos y permisos, y las cuarentenas de 14 días que en muchos casos se establecen a la vuelta al centro. Según el sindicato “nos llevarán a saturar los módulos con aislamientos sanitarios y correr riesgos innecesarios”.
El Dr. Martínez destaca la “ambigüedad calculada” del texto, que no se refiere a las comunicaciones íntimas de forma clara, pero dice que el ritmo de desescalada será el que se establezcla para “el común de la ciudadanía”. En cambio, sí establece medidas de higiene y seguridad para las comunicaciones a través del locutorio. El sindicato médico considera que se dejan “muchas decisiones a criterio de las direcciones” de cada centro.
El responsable de médicos de prisiones de CESM habla de la “ambigüedad calculada” de Instituciones Penitenciarias en el documento de desescalada
Entre ellas, la referencia que se hace el texto, al que ha tenido acceso iSanidad, sobre la “prevención de episodios por consumo de sustancias tóxicas”. En este sentido, el Dr. Martínez afirma que Instituciones Penitenciarias está asumiendo que “se producirán intoxicaciones graves” al volver a tener algún tipo de contacto con el exterior, a través de visitas, por ejemplo, “pero no dan instrucciones precisas sobre cómo abordarlas”. Las deja en manos de cada centro penitenciario.
Para orientar a los servicios médicos de los centros penitenciarios de España, la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria SESP) y el sindicato CESM han elaborado un Documento de consenso para la desescalada, en el que tratan de abordar todas las aristas de seguridad para la salud de los internos y trabajadores. Además, señalan que “puede ser inviable” mantener a los internos 14 días de cuarentena cuando reanuden sus permisos. Por lo que recomiendan, según la valoración de cada caso particular, disminuir esas cuarentenas a siete días.
También recuerdan a todos los centros que debe ser la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la que facilite los EPI y el material de diagnóstico, o “asegurar” que lo hagan las comunidades autónomas.
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