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La Audiencia Nacional se ha declarado “incompetente” para juzgar la adjudicación de plazas de formación sanitaria especializada. La decisión llega cuatro días de que FSE Unida solicitara al tribunal la aplicación de medidas cautelarísimas.
Tras esta resolución, la organización parece que pierde la esperanza de encontrar una solución al problema y ha lamentado que “no queda más recorrido que la resignación”. En esta línea, FSE Unida entiende que “es muy difícil que el conflicto de competencia existente entre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Audiencia Nacional se resuelva antes de las 17:00 horas del próximo lunes 21 de junio de 2021”.
La Audiencia Nacional pasa la pelota al TSJM y lo califica como único órgano competente para juzar la adjudicación de formación sanitaria especializada
La resolución de la Audiencia Nacional ha generado decepción entre los candidatos. Precisamente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aseguraba la semana pasada que la Audiencia Nacional era el único órgano competente para juzgar el proceso. Este viernes la Audiencia Nacional atribuye por su parte esta misma competencia al TSJM. Ambos tribunales, por tanto, se han pasado la pelota sin dar una respusta a los candidatos a las plazas de formación sanitaria especializada.
“La Justicia Española se declara incompetente y somete a más de 10.000 aspirantes a una plaza de Formación Sanitaria Especializada de la titulación de Medicina a una elección opaca, sin garantías y con múltiples fallos como los que se vienen sucediendo desde el comienzo de la adjudicación de plazas para otras titulaciones”, han lamentado desde FSEUnida tras conocer la resolución de la Audiencia Nacional.
La organización ha asegurado que acudió a la Audiencia Nacional pese a no estar de acuerdo con la decisión del TSJM. “Desde FSE Unida hemos apelado a todos los organismos y hemos iniciado todas vías judiciales indicadas para intentar frenar el despropósito creado por la Dirección General de Ordenación Profesional”, han añadido.
FSE Unida considera que ambas decisiones dejan a los candidatos en una situación de indefensión que “supone una grave vulneración del Derecho a la tutela judicial efectiva de todos los futuros sanitarios y un atentado contra el Estado de Derecho
propio de una democracia consolidada como es la española”.
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