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La Comisión Permanente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) ha enviado una carta al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes Serrano, para alertar del perjuicio del pronunciamiento judicial sobre decisiones clínicas a espaldas del criterio técnico de los profesionales. Esta queja de los médicos llega tras el mandato judicial al Hospital de la Plana (Castellón). En concreto, este obligaba a aplicar a un paciente una terapia en contra de los protocolos clínicos del centro sanitario basados en la evidencia científica.
La queja de los médicos llega tras el mandato judicial al hospital de La Plana de aplicar una terapia en contra de la evidencia científica
Así, el presidente de la corporación se dirige al presidente del CGPJ a través de este escrito para “llamar la atención sobre la gravedad del hecho de que un pronunciamiento judicial sobre las decisiones clínicas puede alterar gravemente los procesos de evaluación que desarrollan las sociedades científicas, las guías de práctica clínica y el trabajo de las agencias de evaluación del Sistema Nacional de Salud”. El Dr. Tomás Cobo expone que “la judicialización de la medicina, a espaldas de los fundamentos clínicos de la asistencia, introduce un elemento de distorsión en la práctica clínica y un eventual motivo de confrontación entre todas las partes intervinientes”. Puede consultar aquí la carta completa.
Este pronunciamiento judicial ha generado estupefacción entre la profesión médica. Más aún, cuando se ha producido “a pesar de los contundentes avisos previos de la inoportunidad y peligrosidad del tratamiento” que fue autorizado. En este sentido, el Cgcom recuerda que el sistema sanitario es garantista en la eficacia de los medicamentos y tratamientos, de acuerdo con el art. 43 de la Constitución. Este hecho “motivó la negativa de la ozonoterapia en este caso que nos ocupa”.
Dr. Cobo: “La judicialización de la medicina, a espaldas de los fundamentos clínicos de la asistencia, introduce un elemento de distorsión en la práctica clínica”
Además, los médicos lamentan que el mandato judicial se dirige a un centro sanitario para que realice la aplicación de una terapia contraria a las normativas, recomendaciones y protocolos de los organismos públicos de diferentes niveles, y autoriza a un profesional externo a aplicar dicha terapia. “Todo ello implica disfuncionalidad y un conflicto en el seguimiento del paciente, además de interferir en el funcionamiento del sistema y afectar de forma grave al interés por la sanidad pública, segura y eficaz“, concluyen.
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