El Estado tendría que asumir un gasto de 5.423 millones de euros para financiar la asistencia bucodental

Un informe define que es un "gasto asumible" para la cuarta economía de la UE, sobre todo teniendo en cuenta "la prevalencia de la enfermedad, la carga económica que genera y sus efectos sobre el bienestar y la calidad de vida de la población"

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..P.M.S.
El programa de gobierno firmado por PSOE y Podemos para esta legislatura se comprometía a introducir progresivamente la atención a la salud bucodental de la población en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. “Se elaborará un plan de Salud Bucodental que establezca las prestaciones a cargo del SNS», recogía el texto. Hasta el momento no ha habido novedades, pero Sanidad puede avanzar en este ámbito a lo largo de 2022. El gasto para el Estado de financiar la asistencia bucodental, en un sistema sin copagos, sería de 5.423 millones de euros y la demanda se incrementaría en un 47,5%. Son los datos que incluye la ‘Propuesta para una ampliación inclusiva de la asistencia bucodental en España‘, presentada por Vitaldent.

El Estado tendría que asumir un gasto de 5.423 millones de euros para financiar la asistencia bucodental, según el informe ‘Propuesta para una ampliación inclusiva de la asistencia bucodental en España’

Así, el gasto total en asistencia bucodental pasaría a suponer un 4,9% del gasto sanitario total y apenas 15 décimas más sobre el total del PIB. “Habida cuenta de que el gasto sanitario en España en 2017 suponía el 8,9% del PIB y se encontraba por debajo de la media del gasto en la UE (9,8% del PIB), el incremento del gasto estimado por ampliación y universalización de la cartera bucodental sería ampliamente asumible para la cuarta economía de la Unión Europea, sobre todo si se tiene en cuenta la prevalencia de la enfermedad, la carga económica que genera y sus efectos sobre el bienestar y la calidad de vida de la población”, detalla el informe.

El documento identifica otros tres posibles escenarios: con un copago del 15%, con uno del 25% y con otro del 50%. Es decir, con financiación pública del 85%, del 75% o del 50% del coste de los tratamientos. Si el copago fuera del 15% el gasto sería de 5.155 millones de euros, y si fuera del 25% el gasto bajaría a 4.977 millones. En caso de que tuviera una financiación pública del 50%, el coste bajaría a 4.532 millones.

“El incremento del gasto estimado por ampliación y universalización de la cartera bucodental sería ampliamente asumible”, afirma el texto

Problemas para la ampliación de la cartera de servicios
El trabajo identifica que el principal problema para una ampliación parcial de la cartera de servicios es de “naturaleza institucional”. En concreto, radica en la estructura competencial del SNS y la atribución de competencias al respecto a las comunidades autónomas (CCAA). De esta forma, pueden “coexistir hasta diecisiete modelos distintosde prestación de servicios con carteras diferentes y presupuestos diversos. “La ampliación de la cartera desde el gobierno central difícilmente puede plantearse si no va asociada a una transferencia de recursos que financien la misma y, aún así, el impacto será diferencial sobre la población en función de los modelos de prestación de cada CCAA», expone el informe.

El principal problema para una ampliación parcial de la cartera de servicios es de “naturaleza institucional”

Ante esta situación, el informe recalca que “es preciso” el liderazgo del sector público para canalizar y fomentar las sinergias entre las organizaciones profesionales, las administraciones públicas autonómicas y locales, el sector educativo, la industria sanitaria en general y el sector bucodental. “Sería deseable avanzar hacia un mayor grado de universalidad y simetría en los programas de salud bucodental, tratando de enfrentar las diferencias territoriales y socioeconómicas para conseguir que la salud bucodental no constituya una excepcionalidad dentro de los valores y principios que nutren el SNS», concluye.

El trabajo ha estado liderado por Alberto Montero, economista de la Universidad de Málaga. Además, ha contado con la participación de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y diversos expertos en economía de la salud, práctica odontológica o gestión de la sanidad privada.

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