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El Congreso de los Diputados no tramitará la Proposición de Ley relativa a la Publicidad de Prestaciones y Actividades Sanitarias que presentó el Partido Popular y que se debatió en la Cámara Baja. Con 120 votos a favor (PP, Grupo Parlamentario Republicano y Grupo Vasco, entre otros), 159 en contra (PSOE y Unidas Podemos, entre otros) y 70 abstenciones (Vox, Ciudadanos y Grupo Parlamentario EH Bildu, entre otros), el Congreso no ha apoyado esta proposición de ley. El resultado supone una gran decepción para los consejos generales de dentistas, farmacéuticos, médicos, veterinarios, podólogos, psicólogos y fisioterapeutas, que llevan años manteniendo reuniones con todos los grupos políticos e insistiendo en la necesidad de regular la publicidad sanitaria.
La falta de una normativa estatal clara en este aspecto fomentará que se sigan publicitando tratamientos médicos sin ningún control
“Es muy triste que, una vez más, hayan primado los intereses políticos por encima de los del ciudadano. La tramitación de esta PL hubiera evitado que se repitieran escándalos como el de iDental, que atrajo a los ciudadanos gracias a sus agresivas campañas de publicidad donde prometían tratamientos subvencionados con excelentes resultados y que dejó miles de damnificados en toda España”, declara el Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas. “Seguiremos luchando, como hemos hecho hasta ahora, para proteger a los ciudadanos y velar por una odontología ética y de calidad”.
Para el Dr. Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Médicos (Cgcom), el rechazo a este texto en el Congreso de los Diputados es una mala noticia. “La ley perseguía un único objetivo fundamental que era garantizar la seguridad del paciente, la seguridad clínica. Este no por parte de la mayoría del parlamento, supone una oportunidad perdida para acabar con la charlatanería y con todos aquellos que tratan de aprovecharse de la desesperanza de la gente en situación de vulnerabilidad con mensajes y publicidad que intencionadamente generan confusión y engaño”.
Dr. Óscar Castro. “Es muy triste que, una vez más, hayan primado los intereses políticos por encima de los del ciudadano”
Por su parte, Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, añade que “nos sumamos al resto de Consejos Generales de las Profesiones Sanitarias y consideramos una oportunidad perdida el no avanzar una regulación en el ámbito de la publicidad sanitaria que apueste y refuerce la seguridad del paciente”.
En la misma línea, Luis Alberto Calvo, presidente del Consejo General de Veterinarios, explica que “la publicidad no regulada en cuestiones sanitarias a menudo corre pareja a las noticias falsas y a las creencias erróneas, por lo que debe existir un marco claro de regulación. Los veterinarios y veterinarias recomendamos a todos los ciudadanos que conviven con animales de compañía que tengan prudencia ante cualquier mensaje sospechoso, ya que en muchas ocasiones se pone en riesgo la salud de las mascotas y de las personas, pues no existen líneas divisorias entre la sanidad animal y la salud pública”.
Elena Carrascosa, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, asegura que la votación del Congreso no satisface a la organización que lidera. “Con la regulación de la publicidad sanitaria se reclamaba más ética y veracidad en esta materia y que se protegiera a las personas con vulnerabilidad social, que es en definitiva, lo que se solicitaba a los diferentes grupos políticos. Nos inquieta que este asunto se deje en manos de las comunidades autónomas, ya que se van a seguir produciendo ciertas prácticas, como las recomendaciones de productos, medicamentos o tratamientos que requieren prescripción facultativa, por parte de personas de influencia en redes sociales que no disponen de ningún conocimiento sanitario”.
El Dr. Tomás Cobo afirma que el rechazo es una mala noticia: “La ley perseguía un único objetivo fundamental que era garantizar la seguridad del paciente”
Gustavo Paseiro, presidente del Consejo de Fisioterapeutas, afirma que están decepcionados y contrariados con la decisión que se ha tomado en el Congreso. “El objetivo de esta ley no pretende mejorar la situación de los profesionales sanitarios, sino dotar a la sociedad de los mecanismos adecuados para protegerse del fraude y del engaño. Más de un millón de profesionales con profundo conocimiento de la realidad social a nivel sanitario hemos reivindicado esta ley como algo necesario por lo que vemos todos los días en nuestras consultas, por las preguntas que nos hacen continuamente nuestros pacientes, por la cantidad de personas que pasan por nuestras manos que han sufrido este tipo de fraudes y a los que no les podemos dar ninguna solución. De nuevo, la opinión de los que sabemos cómo se encuentra la sanidad en nuestra sociedad ha sido ninguneada y ensordecida”.
Finalmente, Fernando Chacón, vicepresidente del Consejo General de la Psicología, reconoce que se sienten defraudados. “Hay consenso tanto por parte de los profesionales como de los grupos políticos en una materia que necesita regulación. Lamentamos que, por otros intereses que no se corresponden con el interés general, no se produzca ni siquiera su debate. Y el principal afectado de este rechazo son los ciudadanos”.
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