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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el que, entre otros asuntos, se cierra la puerta a nuevos copagos, se amplía la asistencia sanitaria universal y se ponen trabas a que se privatice la sanidad pública, dando prioridad a la gestión directa frente a los conciertos, aunque con “excepciones”.
Carolina Darias ha explicado que la Ley establece que el modelo de gestión de centros sanitarios “preferente” a partir de ahora será la “directa”
Según ha detallado en rueda de prensa recogida por Europa Press la ministra de Sanidad, Carolina Darias, una de las medidas más importantes del Anteproyecto de la Ley de Equidad es “blindar” la sanidad pública, de forma que el modelo de gestión “preferente” a partir de ahora será la “directa”, es decir, la realizada directamente por las administraciones públicas.
En cualquier caso, también se establecen “excepciones” para que la gestión de los centros sanitarios sea “indirecta”, es decir, a través de modelos privados, pero solo como “complementaria y de apoyo”. “Nunca sustituiría a la pública”, ha asegurado Darias. De esta forma, solo se podrá externalizar la gestión sanitaria “cuando no sea posible la gestión directa” y cuando se motiven una serie de requisitos por parte de las comunidades autónomas, como “la optimización de recursos sanitarios” o la “insuficiencia de medios propios para prestar los servicios”.
Solo se podrá externalizar la gestión sanitaria “cuando no sea posible la gestión directa” y cuando se motiven una serie de requisitos por parte de las comunidades autónomas
Será el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) el que determine las pautas para decidir si las CC.AA. que quieran privatizar un servicio sanitario cumplen los requisitos o no. Por todo ello, Darias ha defendido que el Anteproyecto “requisita exquisitamente el ámbito competencial de las comunidades autónomas”, a pesar de que las competencias sanitarias están transferidas a las autonomías.
El Anteproyecto también contempla la posibilidad de realizar una “modificación legislativa y normativa” a nivel nacional para facilitar que las comunidades autónomas puedan revertir privatizaciones de centros sanitarios “en las mejores condiciones posibles”.
El Consejo Interterritorial del SNS determinará las pautas para decidir si las CC.AA. que quieran privatizar un servicio sanitario cumplen los requisitos o no
“La Ley pone en valor la importancia de lo público, algo que la pandemia ha hecho incrementar y valorar adecuadamente. Los sistemas sanitarios públicos son garantes de vida y constituyen uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar. De ahí la importancia de seguir fortaleciéndolo. Se trata, a través de la consolidación de la equidad, cohesión y universalidad, de seguir mejorando la vida de la gente y protegiendo a los más vulnerables”, ha resumido la ministra.
Darias también ha defendido la norma ante las críticas de su socio de Gobierno. Unida Podemos que ve insuficiente la legislación en cuanto a los límites puestos a la privatización. La formación morada ha avanzado que si no se modifica este punto será difícil que dé su apoyo a la Ley en el Congreso. El socio de Gobierno reclamará durante el trámite parlamentario de la Ley modificaciones para restringir la “privatización” en la sanidad pública y ha advertido al PSOE de que, en caso de no haber cambios en ese sentido, la ley no saldrá adelante.
Unidas Podemos ve insuficiente la Ley de Equidad. Ha advertido que no la apoyará si no se “deroga de verdad” la Ley 15/1997 que habilita la gestión indirecta en la sanidad pública
En Twitter, Pablo Echenique ha defendido que esta ley debe modificarse para para “derogar de verdad” la ley 15/1997, promovida por el Gobierno que presidió José María Aznar, y que habilita la gestión indirecta en la sanidad pública. “Si esto no ocurre, me temo que no tendrá mayoría para salir adelante en el Congreso”, ha advertido.
La ministra de Sanidad ha respondido que “es una Ley que mana del Consejo de Ministros, ha sido tremendamente enriquecida participada. Del texto aprobado en primer vuelta al de hoy hay cambios sustanciales, hemos llegado hasta donde el ordenamiento jurídico nos permitía llegar“.
La Ley de Equidad establece la eliminación de los copagos sanitarios en el transporte sanitario no urgente y amplía la excepción del copago ortoprotésico
Fin de los copagos sanitarios
El Anteproyecto, según ha resaltado Darias, también tiene como objetivo “establecer la eliminación de los copagos sanitarios”. Especialmente en transporte sanitario no urgente. Y también amplía la excepción del copago ortoprotésico a los colectivos más vulnerables, al igual que se hizo con los copagos farmacéuticos.
Estos colectivos son personas perceptoras del ingreso mínimo vital (IMV), pensionistas con rentas más bajas, menores con discapacidad reconocida y personas de rentas bajas con hijo a cargo. Así, se beneficiarán, según los datos del Gobierno, unas seis millones de personas.
El Gobierno busca recuperar la Cartera Común de Servicios “única”
Igualmente, el Gobierno busca recuperar la Cartera Común de Servicios “única”. Quieren evitando las discrepancias de prestaciones entre comunidades autónomas que provocan desigualdad entre los ciudadanos dependiendo de su lugar de residencia.
Ampliación de la universalidad
En cuanto a la universalidad, el Gobierno pretende garantizar el derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria de todos los ciudadanos, independientemente de su origen. Pero, sobre todo, amplía el derecho a colectivos, como personas de origen española que viven en el exterior durante sus desplazamientos al territorio español y sus familiares.
La Ley de Equidad amplía el derecho a la protección de la salud a españoles que viven en el exteriror durante sus desplazamientos a España
También se persigue que esté garantizado el derecho a asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos al colectivo formado por los ascendientes de nacionalidad extracomunitaria reagrupados por sus hijos con nacionalidad española. Estas personas, hasta ahora, se ven obligadas a contratar un seguro de enfermedad, público o privado, para obtener el permiso de residencia en España.
Otros aspectos que recoge el Anteproyecto son, en primer lugar, la necesidad de que todas las iniciativas legislativas del Gobierno conlleven una evaluación sobre su impacto en la salud. Sobre todo en materia laboral, de vivienda, transporte, ordenación del territorio, agricultura o salud animal. “Esta evaluación va a ser determinante para conseguir que la salud esté en todas las políticas”, ha esgrimido Darias.
Se regular formalmente la participación de los pacientes en órganos del Consejo Interterritorial
Evaluación de las políticas públicas
El Anteproyecto establece igualmente un “avance” en la gobernanza del Sistema Nacional de la Salud (SNS), estableciendo la evaluación de las políticas públicas a través de indicadores. Este extremo ha sido muy reclamado desde distintos colectivos sanitarios para mejorar la atención.
También se regular formalmente la participación de los pacientes en órganos del Consejo Interterritorial. Concretamente, el Foro Abierto de la Salud, que existía hasta ahora de manera temporal, adquirirá ahora naturaleza “permanente”. Formarán parte asociaciones de pacientes, personas con discapacidad y colegios profesionales.
Por último, entre otros apartados, se regula el tratamiento de los datos sanitarios en la planificación o gestión, la asistencia sanitaria o la vigilancia en Salud Pública en aquellos aspectos no regulados en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
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