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El Gobierno estima que garantizar la atención sanitaria pública a las personas extranjeras reagrupadas costará a las arcas públicas unos 18.144.785 euros al año. Es la cifra que consta en la Memoria del análisis de impacto normativo de la Ley de Equidad, Cohesión y Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), a la que ha tenido acceso Europa Press.
La Memoria del análisis de impacto de la Ley de Equidad cifra en 18.144.785 de euros al año el coste de la atención sanitaria a personas extranjeras reagrupadas
“Esta ley no va a tener impacto directo negativo ni sobre el empleo, ni sobre la productividad o la innovación. No se prevé un impacto en la economía general”, afirma el Ejecutivo. El informe estima el gasto de la puesta en marcha de la Ley en torno a 19.894.328,08 y 92.473.468,08 euros el primer año. Para los siguientes años calcula un coste de 19.894.328,08 euros. Esta diferencia de presupuesto se basa en cómo se calcule el impacto de los extranjeros reagrupados.
Teniendo en cuenta que se trata de 5.000 personas al año, según los datos de la Subdirección General de Análisis Migratorio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Gobierno detalla que el impacto sería de 18.144.785 euros/año. En este caso se incluiría cómo podrían afectar las sentencias que se han ido estimando a las personas extranjeras demandantes que reclaman el derecho a la asistencia sanitaria por reagrupación familiar.
El Gobierno cree que el impacto el primer año en vigor de la Ley sería de 90.723.925 euros y 18 millones los años siguientes
Sin embargo, considerando que las 25.035 solicitudes aceptadas desde el año 2016 al 2020 pertenecen a personas que no tienen reconocido el derecho en el sistema sanitario público y sin considerar ninguna de las sentencias que se han ido estimando a favor de los demandantes, el Gobierno cree que el impacto el primer año en vigor de la Ley sería de 90.723.925 euros y 18.144.785 euros/año los años siguientes.
Coste de la eliminación de copagos y la atención a españoles que residen fuera
En cuanto a la eliminación del copago otroprotésico, creen que su presupuesto asciende a 1.749.543,08 euros al año. Esta cifra sale tras fijar el número de personas susceptible de tener una prescripción de un producto ortoprotésico en torno a 66.107. La Ley también amplía el número de españoles beneficiarios de este derecho. En concreto, a los españoles de origen que residen en el extranjero, pero no trabajan, en sus desplazamientos temporales a nuestro país.
Calculan que el presupuesto de la eliminación del copago ortoprotésico asciende a 1.749.543,08 euros al año
Por ello, el Gobierno considera que “es un volumen de población muy escaso y durante periodos temporales limitados”. “Se considera que en este caso el impacto es inapreciable dado que hay que tener en cuenta que los españoles que emigran a otros países lo hacen principalmente por razones de trabajo, por lo que su número siempre será superior a los que residen en otros países y no trabajan“, afirman.
“Además, el reconocimiento de este derecho no conlleva necesariamente que vayan a precisar de una asistencia sanitaria en nuestro país, ya que se trata de estancias temporales que coinciden habitualmente con sus periodos de vacaciones en España“, recuerda el Gobierno.
La atención sanitaria a españoles que viven en el extrajero en sus desplazamientos a territorio nacional tendrá, según el Gobienro, un impacto “inapreciable”
Así pues, para calcular el impacto económico que podría tener en una persona, se debe estimar lo que cuesta un seguro de enfermedad anual. Se ha realizado una búsqueda considerando como persona susceptible del mismo a una persona de 71 años. Es la edad que se considera como máximo a los efectos de hacer el cálculo del impacto económico.
“Los precios disponibles en distintas aseguradoras, sin copago, oscilan entre 185,9 y 233,5 euros al mes, lo que supone un impacto de entre 2.230,8 y 2.802 euros por persona y año que se evitaría al estar cubierto con fondos públicos. Al ser personas desplazadas se podría estimar lo equivalente a un mes”, explica el Ejecutivo. De tal forma, creen que el impacto en cada una de las personas que se beneficien de esta medida es de “124,5 euros, correspondiendo dicha cantidad a un mes del gasto real sanitario público por habitante protegido”.
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