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El Gobierno de la Comunidad de Madrid recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) si finalmente se aprueba en el Congreso de los Diputados. Así lo ha anunciado este martes el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, en el Fórum Europa. El anteproyecto de ley que aprobó hace una semana el Consejo de Ministros limita los conciertos con la sanidad privada y las fórmulas de gestión privada de la sanidad pública.
Si sale adelante la Ley de Equidad, Madrid recurrirá: “Vamos a defender nuestro modelo en todos los frentes, uno de ellos el Tribunal Constitucional”
“Vamos a defender nuestro modelo en todos los frentes, uno de ellos el Tribunal Constitucional”, ha dicho López en este encuentro organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum. El consejero ha apuntado que la Comunidad de Madrid tiene competencias en materia de gestión sanitaria y ha señalado que el Estado “no puede entrometerse” en el modo de gestión.
En su intervención argumentó que la Comunidad de Madrid tiene que “garantizar que la sanidad siga siendo de titularidad pública, con independencia de si es gestión directa o indirecta”. También añadió que este proyecto de ley está “hecho para Madrid” y persigue “recuperar la gestión de los conciertos” sanitarios.
Según el consejero Enrique López, el proyecto de Ley de Equidad está “hecho para Madrid” y persigue “recuperar la gestión de los conciertos” sanitarios
El anteproyecto de ley aún tiene que pasar toda la tramitación parlamentaria y puede modificarse en todo este proceso. El texto acordado en el Consejo de Ministros modifica los artículos 47 y 90 de la Ley General de Sanidad. Así otorga la condición de excepcional a cualquier fórmula de colaboración público-privada, ya sean conciertos, concesiones, contratos u otras fórmulas de colaboración para la prestación de servicios sanitarios. Según explicó la ministra Carolina Darias, esta ley quiere “blindar” la sanidad pública y dar preferencia a la gestión directa de los centros sanitarios públicos.
Diferentes colectivos vinculados a la sanidad ya han expresado su desacuerdo con este proyecto. Según la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), eliminar conciertos supondría un gasto de 2.700 millones de euros al año a la sanidad pública.
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