Las clínicas privadas de Madrid lamentan que la historia clínica interoperable excluya los datos del sector privado

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..Redacción.
La Asociación de Clínicas y Hospitales Privados de Madrid (Achpm) denuncia que el Gobierno está llevando a cabo una exclusión de la información de pacientes del sector privado en la reforma del Real Decreto 1093/2010, por el que se aprueba un mínimo de datos de la historia clínica en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Las clínicas madrileñas advierten que se trata de un hecho muy grave. “Perjudica de forma directa a los pacientes que, en alguna ocasión, han acudido a la sanidad privada”, sostienen.

La Achpm, que agrupa a 58 empresas de hospitalización privada en la Comunidad de Madrid, lamenta que el Gobierno no haya contado con las aportaciones del sector privado. Si el objetivo de esta reforma es organizar la historia clínica de los pacientes y hacerla accesible en cualquier punto de España, es necesario contar con todas las organizaciones que forman parte del sistema sanitario, aseguran desde la asociación. En un comunicado, avisan que se corre el riesgo de que los datos de los pacientes se encuentren incompletos, con el consiguiente perjuicio para su salud.

Las clínicas privadas madrileñas advierten que la exclusión de los datos del sector privado en la historia clínica contradice la directiva europea

La Achpm aboga por seguir el modelo de colaboración público-privada que se está llevando a cabo en diversas comunidades autónomas. La asociación destaca la colaboración con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En esta región, el sector sanitario privado aporta 144.000 profesionales, 83 hospitales y 20.800 camas. Además, realiza 17,6 millones de consultas de atención especializada.

Asimismo, la Asociación defiende la necesidad de adecuar la reforma del Real Decreto 1093/2010 a la Directiva europea 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza. Ésta es aplicable a los proveedores de asistencia sanitaria públicos y privados; por lo que la Achpm reconoce que la reforma planteada por el Ejecutivo iría en contra lo establecido en dicha directiva europea, al no incluir al sector privado.

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