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Satisfacer las necesidades terapéuticas de los ciudadanos y subsanar las ineficiencias que se puedan producir en el mercado farmacéutico, son dos de los objetivos que recoge la Estrategia Farmacéutica para Europa aprobada en noviembre de 2020. Una estrategia que implica modificaciones del marco regulador europeo, y que pasa por la aprobación de directivas como la revisión de la Legislación Farmacéutica Europea. Actualmente, el proyecto se encuentra en tramitación. En este contexto, la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar), desea realizar aportaciones encaminadas a abordar la seguridad del suministro de medicamentos. Con ellas, también pretende mejorar los mecanismos de preparación y respuesta ante crisis sanitarias.
Así, la presidenta y el director general de Fedifar, Matilde Sánchez Reyes y Miguel Valdés, respectivamente, mantuvieron una serie de encuentros en el Parlamento Europeo con eurodiputados españoles miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI), a los que trasladaron las propuestas de un sector, el de los mayoristas farmacéuticos, que es clave en la cadena de suministro de medicamentos y productos sanitarios.
En el transcurso de las reuniones con Dolors Montserrat, del Grupo del Partido Popular Europeo; César Luena y Nicolás González Casares, ambos eurodiputados del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas; y Margarita de la Pisa, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, los representantes de Fedifar expresaron la necesidad de que la nueva directiva revise el sistema de autorizaciones administrativas. El principal objetivo es diferenciar a los distribuidores farmacéuticos de gama completa de otros operadores.
Según Sánchez Reyes, “es necesario establecer un sistema diferente de autorizaciones, que defina con claridad el estatus de los distribuidores farmacéuticos de gama completa”
“Llevamos a cabo una función sanitaria, algo distinto a lo que hacen otros operadores. Suministramos a todas las farmacias la totalidad de las referencias de medicamentos y productos sanitarios en condiciones de equidad, seguridad y calidad. Por tanto, garantizamos el acceso de todos los ciudadanos a las mismas. Así, es necesario establecer un sistema diferente de autorizaciones, que defina con claridad el estatus especial de los distribuidores farmacéuticos de gama completa como entidades sujetas a obligaciones de servicio público”, afirmó Sánchez Reyes.
Una diferenciación que, por ejemplo, debería garantizar el derecho de los mayoristas de gama completa a ser abastecidos de manera adecuada y continua para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, “de forma prioritaria en situaciones de escasez, por ser los más capacitados para gestionarlas”.
