Pablo Malo Segura
Expertos en contratación pública sanitaria consideran necesaria una modificación legislativa para poder indexar los contratos. Así se puso de manifiesto durante la mesa redonda La contratación pública sanitaria desde una perspectiva estratégica, moderada por Pablo Crespo, director de operaciones de Fenin, que se celebró en la presentación de la Guía de compra pública eficiente de tecnología sanitaria. Este evento reunió a expertos en contratación participantes en su elaboración, gestores sanitarios y profesionales de la industria.
“En la situación actual que tenemos de crisis económica tenemos la posibilidad de indexar los contratos y mantener el equilibrio económico y financiero”, indicó María Auxiliadora Moreno, secretaria general técnica del Servicio Murciano de Salud (SMS). “La subida del precio de materias primas, la falta de componentes y el aumento del precio del carburante ha determinado que se produzca un exceso de los costes que ha afectado al precio de los contratos. Tenemos muchas dificultades en los servicios de salud para modificar ese precio”.
En su opinión, “sería necesaria una modificación legislativa que introdujera la posibilidad de indexar los contratos públicos a nivel estatal y permitiera que todos trabajáramos aplicando criterios homogéneos”. En concreto, señaló que se debería apostar por la modificación para los contratos de suministros y servicios al igual que se ha hecho con los contratos de obra. “Esto ayudaría mucho a comprar de manera más eficiente”, apuntó.
La subida del precio de materias primas, la falta de componentes y el aumento del precio del carburante ha provocado un exceso de los costes que ha afectado al precio de los contratos
Por su parte, Pablo Crespo explicó que desde Fenin llevan tiempo reclamando un cambio legislativo en este sentido. “Solamente se han protegido los contratos de obra pública, pero no los contratos de suministros y servicios. Desde el punto de vista sanitario tenemos un grave problema para poder garantizar la viabilidad de los contratos sanitarios. En países de nuestro entorno como Portugal, Italia y Francia los gobiernos han introducido cambios legislativos que permiten, y en algunos casos incluso obligan, a que los contratos públicos se puedan indexar”, detalló. Asimismo, manifestó que en la nueva guía se solicita tener herramientas de gestión para poder indexar los contratos y reclamó que se tomen las medidas necesarias para llevar a cabo este esperado cambio legislativo.
Antonio Mascaró Crespí, subdirector de compras y logística del Ibssalut, coincidió en la debilidad normativa que existe en los contratos de suministros y servicios. “No somos capaces de hacer contratos de suministro y servicio cada año, ya que cuesta muchísimo esfuerzo y tiempo adjudicar un pliego. Sacamos pliegos a cuatro o cinco años debido a los recursos que tenemos y la normativa”. A raíz de la modificación de precios, ha informado de que en Baleares aprobaron el Decreto-ley 4/2022 de medidas excepcionales debido a la guerra de Ucrania. “Nos permite con unas ciertas características la modificación de precios en los contratos de suministro, pero tiene varias limitaciones. Una de ellas es la temporal y otra la justificación del incremento de costes”.
Pablo Crespo (Fenin): “Desde el punto de vista sanitario tenemos un grave problema para poder garantizar la viabilidad de los contratos sanitarios”
Respecto al incremento de precios, afirmó que es necesario saber el porcentaje de coste de cada uno de los artículos adjudicados. “Tiene que estar muy bien argumentado, pero en ocasiones no sucede“. Además, comentó que la modificación de precios que reclaman evitaría problemas, pero tampoco se pondría en marcha de manera inmediata. “Por parte de la Administración, no puede ser que entre la preparación, la publicación, la petición de oferta y la adjudicación se tarde un año en adjudicar un contrato y, una vez empieza la adjudicación, a los dos meses se solicite una revisión de precios. Es necesaria una modificación normativa, pero teniendo en cuenta los detalles”, expuso.
La Ley de desindexación de la economía “no es válida” en el contexto actual
Miguel Carroquino, subdirector de compras y logística del Servicio Aragonés de Salud (Salud), subrayó que la Ley de desindexación de la economía se hizo para mantener los precios lo más bajos posibles y que no hubiera una espiral de crecimiento. “Es cierto que una empresa no puede vender a pérdidas, es ilegal y tiene que haber una salida. Habría que plantear que el desequilibrio económico no se produce por avatares del mercado, sino porque ha llegado un momento en que la empresa está vendiendo a pérdidas”, reflexionó.
“Nadie se imaginaba que viniera una pandemia, una guerra en Ucrania, que se rompiera la cadena de suministro y que se disparasen los costes”
Pablo Crespo recordó que la Ley de desindexación de la economía se aprobó en 2015 con el IPC negativo. “Nadie se imaginaba que viniera una pandemia, una guerra en Ucrania, que se rompiera la cadena de suministro y que se disparasen los costes. Esta decisión legislativa que se toma en el contexto de 2015 hoy ya no es válida, lo estamos comprobando”, recalcó. Por ello, solicitó buscar mecanismos para resolver esta “situación extraordinaria” y que la tecnología sanitaria pueda llegar a los pacientes.
María Blanco, gerente de compras del Instituto Catalán de la Salud (ICS), informó de que han sufrido una situación excepcional respecto a años anteriores. “El aluvión de solicitudes de revisión de precios de contratos vigentes que hemos tenido es impresionante. Exigimos una modificación normativa. La responsabilidad gestora es fundamental, pero no podemos asumir una responsabilidad cuando, según la mayoría de la jurisprudencia, la ley no nos ampara a modificar el contrato”, argumentó.
María Blanco (ICS): “El aluvión de solicitudes de revisión de precios de contratos vigentes que hemos tenido es impresionante. Exigimos una modificación normativa”
Según la gerente de compras del ICS, para intentar garantizar la mejor asistencia “cambiaron el precio de algunos contratos cuando no había otro remedio”. En paralelo, nos hemos visto obligados a licitar de nuevo todos los artículos a los que hemos cambiado el precio. Es muy importante que industria y administración estemos completamente alineados en el análisis de los problemas y en las soluciones, nos entendamos y siempre podamos justificar porque actuamos así”.
Respecto a la compra basada en valor, Miguel Carroquino resaltó que “si hay algo importante dentro de la compra pública es la definición del contrato y de los criterios de valoración”. En cuanto al precio, aseguró que hay que tenerlo en cuenta e incluir una serie de condiciones. “La ley habla de la elección del precio como único criterio para valorar un contrato de suministro”, aseveró. Del mismo modo, señaló que todos los criterios de un contrato tienen que ser objetivos y se evalúan mediante juicios de valor. Además, subrayó la conveniencia de establecer umbrales en los criterios de calidad como forma de garantizar que todas las ofertas presentadas que pueden ser elegidas tengan un “nivel mínimo de calidad”.
Javier Guijarro, responsable del Área de Logística y Aprovisionamiento del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), también abordó el tema del precio. “Cualquier licitación publica tiene que dar cobertura a un aspecto básico que es buscar el equilibrio financiero, que se tiene que dar en el momento de la adjudicación y en el desarrollo de la ejecución”. Además, afirmó que es necesario garantizar en todo momento “transparencia en el proceso, que no haya discriminación e igualdad de trato”.
Miguel Carroquino (Salud): “Si hay algo importante dentro de la compra pública es la definición del contrato y de los criterios de valoración”
Problema con los plazos de entrega
Durante la mesa redonda también se abordó la grave problemática de acceso a determinadas materias primas que en ocasiones dificulta cumplir los plazos de entrega, afectando a la disponibilidad del producto. El subdirector de compras y logística del Ibssalut resaltó la importancia de “hacer un planteamiento de eficiencia logística en las entregas”. También señaló que es fundamental la confianza a la hora de comunicar los problemas que puede tener una entrega para buscar alternativas. “Todos tenemos que cumplir derechos y obligaciones de contrato y plazos de entrega, pero si no se puede nos vendría muy bien anticiparnos a los problemas y tener un diálogo que permita buscar soluciones”, añadió María Blanco.
El director de operaciones de Fenin lamentó que los plazos de entrega que marca la Administración en algunos casos no son realistas. “En la guía se recomienda que no se establezcan plazos inferiores a 72 horas. Actualmente, no es fácil encontrar pliegos donde haya plazos superiores a 72 horas. Tenemos que evaluar la oportunidad de ser más eficientes, agrupar pedidos y reducir la huella de carbono”, explicó. Finalmente, pidió tener una mayor capacidad de planificación y eficiencia para unos plazos de entrega razonables.
