Gestores de compras sanitarias, juristas e industria reclaman indexar los contratos públicos para garantizar el acceso a la tecnología sanitaria

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..Redacción.
La crisis de suministros y el incremento de los costes de producción hacen que sea necesario tomar medidas, como indexar los contratos públicos, para asegurar el acceso a la tecnología sanitaria. Así lo han asegurado representantes de las administraciones sanitarias y juristas que han participado en la mesa redonda Indexación de contratos de tecnología sanitaria. Se ha celebrado en el marco del 28º Congreso de Derecho Sanitario, organizado por la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS). Este evento ha contado con la colaboración de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin).

La falta de disponibilidad de materias primas y componentes, así como el impacto del incremento de los costes en la actividad del sector de tecnología sanitaria, están poniendo en jaque a sistemas de salud y proveedores y comprometiendo la viabilidad de muchos contratos públicos. Por ello, se hace necesario la toma de medidas urgentes”. Así lo ha señalado Pablo Crespo, director de operaciones de Fenin y moderador de la mesa.

Representantes de las administraciones sanitarias y juristas participan en la mesa Indexación de contratos de tecnología sanitaria, celebrada en el 28º Congreso de Derecho Sanitario

Los participantes han analizado la idoneidad de adoptar cambios legislativos que faciliten la flexibilización (incrementos o decrementos) de los precios de los contratos. El objetivo es adecuarlos a las variaciones de costes que se produzcan (indexación). María Blanco, gerente de compras del Instituto Catalán de la Salud, y Vicente Fernández Gómez, responsable de la unidad de aprovisionamiento integral del Servicio Murciano de Salud, han aportado la visión desde las administraciones.

Para María Blanco, “la legislación nacional debería ser modificada urgentemente para que todas las comunidades autónomas pudieran hacer frente de manera homogénea a la situación crítica de precios que las empresas del sector están planteando debido al contexto económico global”. Por su parte, Vicente Fernández Gómez, ha indicado que es necesaria una reflexión profunda en referencia a la indexación de los contratos públicos. “Al igual que acontece con los contratos públicos de obras, deben valorarse medidas excepcionales que permitan afrontar con garantía, tanto a las instituciones sanitarias públicas como a las empresas, situaciones de incertidumbre como la actual”.

Se ha debatido sobre el diseño de modelos de adquisición de tecnología sanitaria que garanticen el equilibrio económico-financiero de los contratos públicos

Jorge Robles González, socio del despacho Cuatrecasas y especialista en contratación pública en el ámbito sanitario, ha llevado a cabo un análisis jurídico de la indexación de contratos públicos en España. También ha abordado la normativa al respecto existente en otros países del entorno. “La revisión de precios mediante indexación es una institución tradicional de nuestro derecho, fundamental en momentos de elevada inflación, tal y como están aplicando los países de nuestro entorno”, ha explicado.

Plan de choque del sector de tecnología sanitaria
La indexación de contratos públicos en el sector de tecnología sanitaria forma parte del plan de choque que las compañías solicitan a las administraciones para asegurar el equilibrio económico-financiero de los mismos. Así, se garantizaría el acceso de profesionales y pacientes a productos sanitarios de calidad que son vitales para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. “Todo ello, mientras continúan trabajando para minimizar el impacto de la crisis en la sociedad”, han subrayado desde Fenin.

Indexar los contratos públicos forma parte del plan de choque que las compañías de tecnología sanitaria piden a las administraciones

Este paquete de medidas planteado por la industria de tecnología sanitaria también incluye otras peticiones. Una de ellas es priorizar el aprovisionamiento en sectores esenciales para la sociedad como el sanitario. También solicitan la no imposición de penalizaciones a las empresas por retrasos en entregas debido a la falta de disponibilidad de materias primas y componentes.

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