Gema Maldonado
La Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud está en pleno proceso de tramitación parlamentaria y los grupos parlamentarios de los dos partidos del Gobierno se reunieron la semana pasada con el Ministerio de Sanidad para negociar el punto de fricción entre ambos: la derogación de la Ley 15/1997, aprobada por el Gobierno de Aznar, que permite la entrada de la empresa privada en la sanidad pública.
Ministerio, PSOE y Podemos negocian un punto de fricción en la Ley de Equidad: la derogación de la Ley 15/1997 que permite la entrada de la empresa privada en la sanidad pública
Unidas Podemos está presionando a sus socios del partido socialista para que el texto final que se lleve a votación al Congreso de los Diputados derogue la 15/1997 en vez de modificarla. Esta última es la opción que baraja el PSOE y el Ministerio de Sanidad. Cuando el Congreso aprobó tramitar el proyecto de Ley de Equidad el 22 de septiembre de 2022, Unidas Podemos ya mostró su malestar porque consideró que no se derogaba la ley de Aznar.
Por su parte, Carolina Darias defendió que la modificación de la 15/1997 incluida en el proyecto ya suponía una derogación de la misma. Sin embargo, incluía excepciones que sí permitirían al sector privado entrar en la gestión de la sanidad pública como “complementaria y de apoyo”. La externalización de la gestión sanitaria sería viable “cuando no sea posible la gestión directa”, recogía el texto.
Carolina Darias defiende que la modificación de la Ley 15/1997 supone una derogación en sí misma y Podemos argumenta que “permite los mismos mecanismos de privatización” de la sanidad que antes
En la reunión de negociación de la semana pasada, los diputados de Unidas Podemos Rosa Medel y Pedro Horubia rechazaron nuevamente esta propuesta. Argumentan que “si bien la deroga, en realidad la deja intacta ya que permite exactamente los mismos mecanismos de privatización que en ella figuran”. Además, rechazaron que se eliminara de la ley toda referencia a la desprivatización de la sanidad. Una opción que consideran “inaceptable”. “Es la última oportunidad de la legislatura de avanzar en esta materia que figura de forma clara en el acuerdo del gobierno de coalición suscrito por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias”, añaden.
Sin embargo, desde el PSOE no lo ven así. La tramitación parlamentaria de la Ley salió adelante a duras penas. Hasta última hora los socialistas estuvieron negociando con Junts y PDeCAT que habían presentado enmiendas al proyecto de Ley. Finalmente consiguieron que ambos partidos las retiraran a cambio de que las restricciones a la gestión privada en la sanidad pública no afectaran al modelo sanitario catalán, en el que priman los conciertos.
Empresas del sector sanitario, los partidos de centro derecha han mostrado su rechazo frontal y el Gobierno tuvo que pactar con Junts y PDeCAT que las restricciones a los conciertos no afectarían a Cataluña
El arco parlamentario de centro derecha se mostró totalmente contrarios a poner coto a la colaboración público-privada, y el sector más afectado, el de las empresas que ofrecen sanidad privada y negocian conciertos con la pública, ha expresado su rechazo frontal a este aspecto de la también llamada Ley Darias. Incluso juristas han advertido de que puede ser “inconstitucional” e “invade competencias de las comunidades”.
Pero los diputados de Unidas Podemos insisten en que hay una vía “perfectamente viable” para que la ley tenga el apoyo suficiente para salir adelante en el Congreso. Esa vía es que la Ley de Equidad derogue “directamente” el artículo único que conforma la ley 15/1997 “sin sustituirla por ningún texto alternativo”.
Los morados insisten en que así se cumpliría con el acuerdo de coalición y se daría respuesta a “una de las demandas históricas de los colectivos en defensa de la sanidad pública”. El partido de Ione Belarra añade que después se deberían dar pasos para revertir los casos en los que hospitales públicos son gestionados por empresas privadas. “Constituiría un primer y muy importante paso en ese camino y demostraría el compromiso del Gobierno de coalición con la Sanidad Pública de gestión directa”, señalan.
