Redacción
La Asesoría Jurídica de Amyts ha logrado una sentencia histórica contra la desprotección laboral de los médicos de Familia y pediatras. El Juzgado de lo Social ha condenado a la Administración autonómica a abonar una indemnización de 24.586 euros a una doctora, afiliada al sindicato, por la ausencia de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales en Atención Primaria.
La resolución judicial establece que la compensación económica se otorga «por daños morales» y por la «vulneración del derecho fundamental de la demandante a la integridad física y psíquica», tal y como recoge el artículo 15 de la Constitución Española. Además, ordena la implementación efectiva de la evaluación de riesgos laborales.
La compensación se otorga por daños morales y por la vulneración del derecho fundamental de la demandante a la integridad física y psíquica
Hasta ahora, las sentencias favorables a profesionales sanitarios en casos similares venían reconociendo indemnizaciones individuales de 8.000 euros. Sin embargo, en este caso, la cuantía supera los 24.000 euros, lo que supone casi triplicar la cantidad establecida en resoluciones anteriores y refuerza la gravedad del incumplimiento por parte de la Administración.
En concreto, el Juzgado de lo Social ha condenado a la Comunidad de Madrid a pagar esa indemnización «por daños morales» de más de 24.000 euros y «por vulneración del derecho fundamental de la demandante a la integridad física y psíquica (artículo 15 Constitución Española), ordenando el cumplimiento de la evaluación en materia de riesgos laborales».
Hasta ahora, las sentencias favorables a profesionales sanitarios en casos similares venían reconociendo indemnizaciones individuales de 8.000 euros
Además, se alertó de que hay múltiples riesgos laborales que siguen sin ser evaluados adecuadamente, pese a los documentos parciales que publica la Administración. Según estimaciones jurídicas, si los entre 15.000 y 16.000 profesionales de Atención Primaria interpusieran demandas individuales, la Administración podría verse obligada a asumir entre 120 y 180 millones de euros en indemnizaciones. Actualmente, hay más de un millar de reclamaciones en curso.
Desde que comenzaron los procedimientos judiciales, ya se han obtenido más de un centenar de sentencias condenatorias contra la Administración
Este nuevo fallo se suma a una sentencia previa del TSJM, que confirmó en 2023 una indemnización de 8.000 euros a otro profesional por la misma razón. El TSJM ya dejó constancia en 2021 de que «no existía un plan de prevención de riesgos laborales» en atención primaria, ni tampoco una evaluación de los puestos de trabajo antes ni durante la pandemia.
E incluso se cita la sentencia que emitió en 2022 el Tribunal Supremo donde condenó a la Comunidad de Madrid «a efectuar de forma inmediata un plan de prevención de riesgos con la valoración de los puestos de trabajo y determinación de la carga de trabajo». Ante la reiteración de resoluciones judiciales en esta línea, Amyts y el movimiento APSeMueve mantienen activa una campaña de denuncia para visibilizar la desprotección crónica que sufren los profesionales de los centros de salud.
