..Gema Maldonado.
El Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes ha aprobado el anteproyecto de ley para reformar la actual Ley de Ciencia de 2011 que, según la ministra de Ciencia, Diana Morant, “es un texto transformador con dos demandas unánimes de la comunidad científica y de la sociedad: dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores e investigadoras de España y garantizar una financiación pública creciente y estable”.
Según la ministra Morant la nueva Ley de Ciencia viene a “dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores y a garantizar una financiación pública creciente y estable”
Así ha iniciado Morant su comparecencia en la rueda de prensa junto a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Se trata de un texto que ha sido ampliamente criticado por diferentes organizaciones profesionales de la ciencia; pese a que incluye avances que los propios científicos califican como “positivos”, creen que es insuficiente.
Por primera vez, se recoge por ley una financiación de la I+D+i “creciente y estable no sometida a vaivenes políticos”, ha apuntado Morant, que se compromete a aumentar en los próximos años la inversión pública en investigación el 1,25% del PIB. El fin es alcanzar el 3% que recomienda la Unión Europea.
La ministra ha asegurado que esta reforma viene a finiquitar la precariedad en la ciencia. Algo que las asociaciones de científicos e investigadores que protestaron el pasado siete de febrero en diferentes ciudades ponen en duda. La ley aprobada establece los contratos indefinidos en sustitución de los de obra y servicio, los más extendidos en la ciencia. “Este contrato da estabilidad al personal técnico y a los grupos de investigación”, ha defendido Morant, “y no consumen tasa de reposición, de forma que podrán seguir expandiéndose”.
La ley aprobada establece los contratos indefinidos en sustitución de los de obra y servicio, los más extendidos en la ciencia
Los científicos lamentan que hasta la entrada en vigor de esta ley, que aún debe convalidarse en el Congreso de los Diputados, se quedan unos 25.000 investigadores en el limbo, ya que la reforma laboral ya no les permite hacer contratos por obra y servicio. Morant ha asegurado que el Ministerio de Hacienda ya se ha encargado de comunicar a los centros que existe una disposición reconocida ya en la ley de 2011 a la que se pueden acoger los contratos de obra y servicio que se estén haciendo hasta marzo de 2022, fecha límite para poder formalizar este contrato en extinción. Pero no ha explicado en qué consiste esa disposición.
La reforma reconoce el derecho a percibir una indemnización al final el contrato que se realiza a los investigadores predoctorales y postdoctorales. Este derecho se reconoce tanto para los contratos activos actualmente como para los que se suscriban cuando la ley entre en vigor. Era una de las principales reivindicaciones del colectivo, que lamentaba la semana pasada que se dejara fuera de esta medida a los contratos actuales y pedían que se incluyeran en la ley. Finalmente, Diana Morant ha confirmado su inclusión.
La ley establece un “nuevo itinerario más estable para transitar a una plaza pública en los organismos de investigación”
La ley establece un “nuevo itinerario más estable para transitar a una plaza pública en los organismos de investigación”, según la titular de Ciencia. Para establece dos contratos de tres años cada uno. Entre uno y otro, se llevará a cabo una evaluación que permitirá obtener la certificación de “investigador establecido” y mejorar el salario. Además, aprobar esta prueba les eximirá de realizar partes de las pruebas para acceder al sistema público. Para estos investigadores, además, los Organismos Públicos de Investigación (OPI) tienen que reservar el 25% de sus plazas. En el caso de las universidades será el 15%.
Otro de los puntos conflictivos para muchos científicos, sobre todo en un contexto en el que muchos tuvieron que emigrar fuera de España, es la falta de reconocimiento de los méritos de investigación en el extranjero. Tampoco se reconocían los méritos de centros en España que no fueran OPI. La ley ofrece “una redefinición de los quinquenios”, ha apuntado Morant. Esto supone que sí se tendrá en cuenta el trabajo investigador y la experiencia adquirida en el extranjero. Pero, también, la adquirida dentro de España en todo el sector público y en las universidades. El objetivo de esta medida “es atraer talento” y formará parte de un plan que está definiendo el Ministerio con este fin.
La Ley de Ciecia ofrece “una redefinición de los quinquenios”, ha apuntado Morant. Se reconocerán los méritos y experiencia adquiridos en el extranjero
La titular de Ciencia ha señalado que la reforma establece que las comunidades autónomas incorporen “de forma estable” a sus sistemas de salud al personal investigador sanitario. Además, se incluyen medidas para reducir la carga administrativa y burocrática del personal investigador, se crea un sexenio para “reconocer e incentivar” el traslado del conocimiento y la innovación de los centros de investigación a las empresas.
En materia de igualdad, la ley obliga a todos los centros a tener planes de igualdad y a establecer mecanismos para eliminar los sesgos de género en aspectos clave como los ensayos clínicos. También se define una carrera para el personal técnico y se establece que los permisos para el cuidado de hijos o familiares no penalizarán en la evaluación de méritos científicos.
La ministra asegura que esta ley, junto con el aumento del presupuesto en investigación, permitirá “incorporar en los próximos tres años 12.000 personas estableces en el sistema público de ciencia”. “Esperamos que el texto acabe enriqueciéndose con las aportaciones de los partidos políticos, ahora en su tramitación parlamentaria”, ha concluido.
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