..Juan Pablo Ramírez.
..Ana González-Besada / Cristina Cebrián (fotografía y vídeo).
El Real Decreto de Especialidades y la Ley de Equidad son las dos últimas normas aprobadas por el Gobierno central en materia sanitaria. Ninguna resuelve los problemas del Sistema Nacional de Salud, a juicio del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Sobre la primera, advierte que el problema del sistema no es de formación sino de falta de médicos. Algunas especialidades comienzan a mostrar carencias de profesionales, un escenario que alcanzará un punto crítico en 2030. En cuanto a la Ley de Equidad, Ruiz Escudero se muestra muy crítico: “Empobrece nuestro sistema sanitario”.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado una reforma del sistema sanitario, ¿cualés serán las principales líneas estratégicas?
Hemos vivido una época que ha producido una profunda transformación del sistema sanitario en todos los niveles. Hemos tenido una enfermedad que ha ocupado toda la actividad de los centros durante dos años y medio. Lógicamente ha producido un efecto en la actividad no Covid y ha tenido repercusión en el funcionamiento y en la estrategia.
“Hemos tomado varias decisiones en la parte organizativa para adaptarnos a la situación que vivimos con el coronavirus”
Hemos tomado varias decisiones en la parte organizativa para adaptarnos a la situación que vivimos con el coronavirus. Nos hemos planteado este horizonte y esa transformación en procesos, en recursos humanos, en atención primaria, en salud mental, en listas de espera, en accesibilidad…
Todos esos puntos donde realmente vamos a actuar de manera prioritaria. Tenemos que tratar de ir a máxima velocidad a la hora de tomar decisiones para dar respuesta a lo que el Covid ha expresado con su máxima crudeza. Nos debemos adaptar a esa nueva realidad que vivimos, porque llegarán más olas y debemos optimizar nuestro funcionamiento. La sacudida del Covid requiere de manera permanente analizar y estudiar para tomar decisiones estratégicas de cara a futuro.
“Tenemos dudas de que la Ley de Equidad no vaya a invadir competencias de las comunidades autónomas”
¿Cómo encaja la nueva Viceconsejería de Gestión Económica en este proceso y cuál es su función?
El principal condicionante que ha tenido esta pandemia ha sido a nivel asistencial. Hemos notado ese importante incremento de la actividad. La reforma de la estructura permite darle más peso a lo asistencial y darle relevancia al horizonte presupuestario de la sanidad sin dejar de lado la inversión en farmacia y en infraestructuras.
Se trata de que de manera independiente pero coordinada lo asistencial y lo económico puedan mejorar la inversión en materia sanitaria y profundizar en los puntos en los que necesitamos un refuerzo. De aquí a final de legislatura llegarán más reformas porque el mundo sanitario no para de avanzar.
¿Puede interferir la Ley de Equidad en este proceso de transformación?
La Ley de Equidad es decepcionante y de carácter ideológico. Tenemos dudas de que no vaya a invadir competencias de las comunidades autónomas. Así lo expreso el consejero de Presidencia, Enrique López. En estos momentos, esa ley empobrece nuestro sistema sanitario. Realiza un ataque a la sanidad privada que es complementaria y que ha demostrado su capacidad para reforzar la sanidad a nivel global.
“La Ley de Equidad es decepcionante y de carácter ideológico”
Es una ley sectaria y esperamos que el Gobierno recapacite y dé marcha atrás. Esta normativa no va a aportar nada nuevo y nada bueno al sistema sanitario. Sería más interesante que en lugar de estas normativas aprobasen otras para la financiación del Sistema Nacional de Salud o medidas en recursos humanos. Hay línea donde actuar.
Estamos en una crisis energética y de suministros, agravada por la invasión de Ucrania, ¿cómo están sufriendo esta situación los hospitales y los centros sanitarios?
Madrid tiene cerca de dos millones de metros cuadrados de superficie sanitaria, ya sean centros de salud y hospitales. Lógicamente se ha producido un incremento tan importante de la factura energética y se está notando ya de manera importante, a pesar de que todos los centros tienen su estrategia de eficiencia energética. Son crisis de carácter global que influyen a todos los niveles. Estamos tratando de mantener mucha comunicación con los proveedores y tratar que afecte lo menos posible a nuestra actividad asistencial.
“Lógicamente se ha producido un incremento tan importante de la factura energética y se está notando ya de manera importante”
La viceconsejería económica tendrá que vigilar qué se va a hacer con la factura energética y estar preparada para posibles contingencias. De momento no hemos tenido ninguna rotura en la cadena asistencial motivada por esta crisis de suministros y energética. Hay que estar preparados porque se puede producir.
El horizonte económico que tenemos a partir de otoño es muy complicado y lógicamente si se confirma tendremos que estar preparados. Nuestra máxima es proteger a los madrileños. De ahí la importancia de la viceconsejería para prever lo que pueda ocurrir y adoptar soluciones.
¿Cómo va a afectar a los presupuestos de 2023?
De momento, se tiebe que llevar a final de este año la ley de presupuestos de 2023. Hay que ver cuáles son las previsiones económicas y tomar decisiones. Se puede actuar a muchos niveles como optimizar en procesos y recursos humanos. No es una decisión que dependa solo del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Necesitaremos el apoyo parlamentario de VOX. Estamos en fase inicial de trabajo y, según ese horizonte presupuestario, ya iremos tomando las decisiones oportunas.
“La viceconsejería económica tendrá que vigilar qué se va a hacer con la factura energética y estar preparada para posibles contingencias”
La otra norma estatal es el Real Decreto de Especialidades, ¿qué valoración hacen?
La esencia del Real Decreto de Especialidades no va a ala raíz de los problemas del Sistema Nacional de Salud. Aunque aborda la aprobación de nuevas especialidades, el sistema no tiene un problema de formación. De hecho, hay un nivel muy bueno.
Hay que abordar la escasez de profesionales. Debemos reflexionar sobre el grado de medicina y el número de plazas, especialmente en medicina de familia. Hay que flexibilizar la acreditación, reflexionar sobre el papel de los tutores… Creo que el Real Decreto no va a la raíz del problema. Tenemos un horizonte en el año 2030 muy complicado. Se jubilan más médicos de los que salen del MIR y de las facultades de medicina. Creo que el Ministerio debería ser más valiente en la toma de decisiones.
Nosotros ya hemos propuesto algunas como el plan de atención primaria, homologar los títulos pendientes, tutores, acreditación, aumentar la financiación del sistema… A partir de ahí ir mejorando. En algunas especialidades se nos jubilan el 30% de los profesionales y es un problema de Estado. En Madrid empezamos a tener este problema y otras comunidades viven una situación más grave.
“La esencia del Real Decreto de Especialidades no va a ala raíz de los problemas del Sistema Nacional de Salud”
¿Cómo se puede hacer más atractiva la atención primaria a los MIR?
Se puede actuar a varios niveles. Hay una parte de formación, empezando desde el grado de medicina hasta la fase de formación del médico especialista. Posteriormente se pueden adoptar decisiones, como la remuneración. Hemos analizado que cuando los médicos de familia comunitaria finalizan la residencia pueden elegir si acaban en la urgencia de un hospital público o bien en la atención primaria.
El primer punto es que al menos la remuneración sea similar en el hospital y en el centro de salud. Otro de ellos es la estabilidad. El plan de atención primaria contribuye a mejorar esa remuneración en las plazas de difícil cobertura o en el número de tarjetas, entre otros factores. En cuanto a la estabilidad, con las ofertas públicas de empleo y la ley de temporalidad, vamos a pasar de una plantilla fija del 55% al 83%.
“El primer punto es que al menos la remuneración sea similar en el hospital y en el centro de salud. Otro de ellos es la estabilidad”
Existen otras cuestiones que pueden influir como las infraestructuras, la simplificación de los procesos, el aumento de la capacidad de resolución, etc. Es una labor de conjunto. De hecho, estamos teniendo mucha colaboración por parte de las sociedades científicas, que nos van guiando sobre cuáles son las decisiones que permitan que ellos se sientan más valorados dentro de la atención primaria.
Es un trabajo conjunto, mantenido y de muchas actuaciones en diferentes ámbitos para conseguir que no vuelva a suceder lo que ha ocurrido en este proceso MIR, a pesar de que en Madrid se han cubierto todas las plazas. Pero no es un consuelo porque se trata de un problema estructural del Sistema Nacional de Salud. No se trata de que cada administración intente hacer más atractiva la atención primaria de forma individual, sino actuar en todo el SNS.
En cuanto a la plantilla global, ¿qué margen de maniobra tienen actualmente si no hay un cambio de legislación en recursos humanos?
Son decisiones que dependen del Ministerio de Sanidad. Las comunidades llegamos hasta donde podemos. Tenemos dos líneas de trabajo. Una es la remuneración de los profesionales, que es importante, especialmente para los médicos, que es donde tenemos el principal problema, y la estabilización.
“Queremos pasar de un 55% fijos a un 83%, que son 32.000 plazas, 23.000 de la oferta pública de empleo de todas las categorías profesionales del Sermas y 9.000 de la ley de temporalidad”
Queremos pasar de un 55% a un 83%, que son 32.000 plazas, 23.000 de la oferta pública de empleo de todas las categorías profesionales del Sermas y 9.000 de la ley de temporalidad. Respecto a esta última hay que cubrir las plazas antes del 24 de diciembre de este año, con lo cual 9.000 profesionales de diferentes categorías van a ser fijos en diciembre y luego quedan las OPE con distintos calendarios.
Desde la prepandemia a la actualidad, hemos aumentado nuestra plantilla en casi 5.000 profesionales. Es una cifra más que importante. En cualquier caso hay que continuar analizando, valorando y tomando decisiones, siempre que haya profesionales porque en algunas especialidades empezamos a encontrar problemas importantes. La administración debe hacer que esos puestos de trabajo sean lo más atractivo posible para que el profesional se quede en la Comunidad de Madrid, que es un polo de atracción en cuanto a la formación.
La solución no puede pasar por competir con otras comunidades autónomas limítrofes, porque no va a solucionar el problema de base. Puede ser una solución coyuntural pero puede cambiar en cualquier momento. Somos un Sistema Nacional de Salud y que las decisiones tienen que ser a nivel nacional, para toda España, y que se permita también la movilidad de profesionales y que podamos cubrir esas necesidades.
“La solución en recursos humanos no puede pasar por competir con otras comunidades autónomas limítrofes”
Han alcanzado un acuerdo con los sindicatos para fijar un tiempo mínimo de consulta en torno a 10 minutos, ¿son suficientes? ¿Se podrá atender a toda la demanda?
Estos debates se hacen en mesa sectorial. Son avances que se han hecho con la gerencia de atención primaria pero ahora, hay que corroborarlo es en atención primaria. En este caso, lo que hay que pensar es que los pacientes necesitan el tiempo que necesitan. Es decir, hay algunos que no necesitan los 10 minutos y otros que sí.
Por tanto, es una labor de evaluar los tiempos, las demoras y tomar decisiones para dar esa respuesta. La carga de enfermedad que se ha producido con la pandemia es una evidencia. Es una de las épocas de mayor actividad del Sermas a todos los niveles, no solo pensando en actividad Covid, sino también no Covid, en atención primaria, en hospitales, en las listas de espera, de consultas, de diagnóstico y de la quirúrgica.
“Más del 73% de la actividad de los SUAP era demorable en uno o en varios días. Solo el 0,04% era realmente patología urgente”
¿En qué fase se encuentra la reorganización de los servicios de urgencias de atención primaria?
Los servicios de urgencias de atención primaria (SUAP) no son la única actividad dentro de la urgencia de atención primaria, porque también están los servicios de atención rural (SAR) y otros centros más multidisciplinares. En este sentido, los SUAP atienden a unas 400.000 personas aproximadamente al año.
Los últimos cinco años previos a la pandemia había descendido la actividad a casi un 25% y de esas 400.000 personas, se llegó a la conclusión de que más del 73% de esa actividad era demorable en uno o en varios días. Solo el 0,04% era realmente patología urgente.
Es importante porque nuestra responsabilidad dentro de la consejería es analizar los recursos y, sobre todo, que la respuesta sea la adecuada a cada ciudadano en cada momento. Con estas premisas, estamos haciendo una revisión permanente y a partir de ahí reorganizar esa reapertura.
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